La Cámara de Diputados de Santa Cruz sancionó por mayoría una modificación a la Ley Provincial N° 3123, que declara estratégicos los bienes ambientales y prohíbe actividades extractivas en zonas sensibles. La iniciativa, impulsada por el diputado de El Calafate Carlos Alegría, recibió el respaldo unánime de los 23 legisladores presentes mediante votación nominal.
La sesión estuvo marcada por negociaciones políticas y definiciones de último momento. Según informó el medio Ahora Calafate, en las horas previas existió la posibilidad de que el proyecto fuera enviado a archivo, lo que generó incertidumbre y tensión. Finalmente, tras intensos acuerdos entre distintos bloques, se logró el consenso necesario para su tratamiento y aprobación.
La reforma incorpora nuevos artículos a la normativa vigente e introduce el concepto de “blindaje ambiental provincial”. Se declara de interés público a los recursos naturales como bienes estratégicos no susceptibles de degradación, abarcando suelo, subsuelo, aguas, glaciares, humedales y áreas protegidas.
Además, se crean las Zonas de Protección Ambiental Especial (ZPAE), donde se prohíbe de manera absoluta el desarrollo de actividades extractivas como la minería metalífera, la megaminería o la explotación hidrocarburífera no convencional que impliquen impactos negativos sobre el equilibrio ecológico.
La norma también establece principios clave como la autonomía ambiental provincial y la no regresión ambiental, impidiendo que cualquier normativa nacional pueda reducir los niveles de protección vigentes en Santa Cruz. Asimismo, se exigen evaluaciones de impacto ambiental rigurosas para actividades en áreas cercanas a zonas protegidas.
En caso de incumplimientos, se prevén sanciones que incluyen el cese inmediato de las actividades y la aplicación de multas, sin perjuicio de responsabilidades civiles o penales.
La aprobación del “blindaje ambiental” se da en un contexto de debate nacional sobre la flexibilización de normativas vinculadas a los recursos naturales, en particular la reciente modificación de la Ley de Glaciares, que otorga a las provincias la facultad de decidir si permiten actividades económicas en las cercanías de cuerpos de agua.
Con la sanción legislativa concretada, el próximo paso queda en manos del Poder Ejecutivo provincial, que deberá decidir si promulga la ley.
