La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) iniciará este lunes 29 un nuevo paro de 96 horas que se extenderá hasta el jueves 2 de julio, luego de rechazar la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial. Con esta medida, el gremio acumula 50 días de paro en lo que va del año, una cifra que refleja la profundidad del conflicto y que comienza a generar una creciente preocupación por sus consecuencias en el sistema educativo.
La decisión fue adoptada por el Congreso Provincial de ADOSAC tras considerar insuficiente la oferta oficial. El sindicato reclama una mejora de los porcentajes salariales, un salario inicial que alcance el valor de la canasta básica —estimada por el gremio en 1.900.000 pesos—, la implementación de una cláusula gatillo permanente, la devolución total de los descuentos por días de paro y mayores inversiones en infraestructura escolar, además de la creación de cargos docentes y de apoyo pedagógico.
En contraposición, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) decidió aceptar la propuesta del Ejecutivo provincial luego de consultar a sus afiliados en asambleas. El gremio valoró no solo el incremento salarial acumulado del 17,9%, sino también otros puntos incorporados a la negociación, entre ellos la devolución de los descuentos aplicados por los días de paro, el pago del adicional de Seguridad e Higiene para determinados trabajadores de escuelas técnicas, garantías de continuidad laboral para el próximo ciclo lectivo y el compromiso de reabrir la discusión salarial si las condiciones financieras de la provincia mejoran.
La diferencia de criterios entre ambos sindicatos deja en evidencia que el conflicto no pasa exclusivamente por el porcentaje de aumento. Mientras AMET entendió que la propuesta contemplaba avances suficientes para aceptar el acuerdo y continuar negociando otros aspectos en futuras mesas paritarias, ADOSAC sostiene que los salarios continúan muy por debajo del costo de vida y que aceptar la oferta implicaría consolidar esa pérdida del poder adquisitivo.
Sin embargo, mientras las negociaciones continúan, el paso del tiempo comienza a tener un costo cada vez más difícil de revertir. Cincuenta días de paro representan mucho más que jornadas sin dictado de clases. Significan contenidos que deberán recuperarse en plazos cada vez más ajustados, evaluaciones reprogramadas, proyectos pedagógicos interrumpidos y una planificación escolar que pierde previsibilidad.
Los principales perjudicados son los estudiantes. En los primeros años de escolaridad, donde se construyen aprendizajes fundamentales como la alfabetización y el desarrollo de habilidades matemáticas, la continuidad pedagógica resulta clave. La interrupción frecuente de las clases puede generar mayores dificultades para sostener los procesos de aprendizaje, especialmente en aquellos alumnos que no cuentan con acompañamiento educativo fuera de la escuela.
A esto se suma el impacto sobre las familias, que deben reorganizar sus rutinas laborales ante cada jornada de paro, y sobre los propios docentes, que además de sostener un reclamo salarial legítimo atraviesan meses de incertidumbre marcados por descuentos, negociaciones sin acuerdo y un clima de tensión permanente.
Nadie discute que los trabajadores de la educación tienen derecho a reclamar salarios acordes a la realidad económica y mejores condiciones laborales. Tampoco puede desconocerse que un sistema educativo necesita docentes bien remunerados para garantizar una educación de calidad. Pero cuando un conflicto se prolonga durante tantos meses, también aparece otra preocupación igual de válida: el derecho de los estudiantes a recibir clases de manera continua.
El desafío para ambas partes parece ser encontrar un punto de equilibrio. Porque cuanto más se extiende el conflicto, más difícil será recuperar el tiempo perdido y más profundas serán las consecuencias sobre una generación de alumnos que, una vez más, queda atrapada en una disputa que no puede resolver.
