Mientras el gobierno municipal de Pablo Carrizo insiste en que las medidas actuales son suficientes, dos comercios fueron atacados con disparos en menos de una semana, reavivando el debate sobre la declaración de emergencia vetada por el intendente.
La madrugada del 24 de diciembre, cinco disparos impactaron contra la vidriera de la panadería “Chocolope” en pleno centro de la ciudad. Tres días después, otro comercio, la gomería “El Rey de la Goma”, en el barrio Unión y Gregores, fue atacado desde una motocicleta con al menos siete balazos. Estos dos episodios de violencia no dejaron víctimas fatales pero sí daños materiales y un clima de temor en vísperas del Fin de Año, ocurren en el marco de una decisión polémica del Ejecutivo local: el veto a la Ordenanza de Emergencia en Seguridad, una medida reclamada por parte del Concejo Deliberante.
La confirmación del veto, efectivo desde el pasado 17 de diciembre, la realizó el secretario de Gobierno, Luis Melo, quien defendió la postura del intendente Pablo Carrizo. En declaraciones a El Caletense Radio, Melo argumentó que la iniciativa legislativa fue rechazada porque “existen acciones concretas impulsadas en materia de seguridad” y aspectos que “se tienen que tratar desde otro ámbito, a nivel provincial”.
Entre las acciones que el funcionario destacó como sustento del veto se encuentran el fortalecimiento del Centro de Monitoreo, la instalación progresiva de cámaras de seguridad, controles de tránsito y una mesa de trabajo conjunta con la Policía. “Fue vetada con este argumento de que estamos avanzando en lo que es la seguridad urbana”, explicó Melo.
Sin embargo, los hechos ocurridos en la panadería céntrica y en la gomería de barrio parecen chocar frontalmente con ese relato de avances y control. Ambos casos presentan un patrón similar: ataques dirigidos contra locales comerciales, ejecutados con armas de fuego desde la vía pública y en diferentes puntos de la ciudad. En el caso más reciente, la investigación policial se apoya justamente en la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad, una de las herramientas que el propio Melo enumeró como parte de la solución, pero que en este contexto se usan a posteriori para intentar esclarecer un hecho ya consumado.
Estos episodios reavivan las críticas de los vecinos que impulsaban la declaración de emergencia luego del pico de inseguridad que tocó su punto más alto con el Caso de Nahuel Marcial, quien perdió la vida luego de recibir un disparo en la cabeza, presuntamente por parte del hijo de un allegado al Gobernador. La ordenanza vetada buscaba, precisamente, otorgar un marco institucional de prioridad absoluta y excepcionalidad presupuestaria para enfrentar una ola de inseguridad que, a juzgar por los hechos, no da tregua.
La negativa del intendente Carrizo a declarar la emergencia se enfrenta ahora a la evidencia concreta de una violencia que persiste. Para los comerciantes y vecinos de las zonas afectadas, la sensación de vulnerabilidad aumenta, mientras desde el gobierno se insiste en que el camino correcto es el de las acciones graduales y sin marcar un rumbo fijo.
El discurso oficial, que minimiza la necesidad de una declaración de emergencia, y la realidad de balaceras en plena calle configura el núcleo para el debate sobre seguridad en Caleta Olivia. La pregunta que flota en el ambiente es si las medidas “en avance” mencionadas por Melo serán suficientes para prevenir otro ataque, o si los hechos seguirán superando la respuesta institucional, poniendo cada vez más en entredicho la decisión política del veto.
