La medida fue oficializada en el Boletín Oficial a través del Decreto 253/2026 y facultó a la provincia a intervenir en la administración, concesión y ejecución de obras sobre tramos de rutas nacionales que atraviesan su territorio, sin que eso implique una transferencia de propiedad de los caminos.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema para la gestión de las rutas nacionales y habilitó a Santa Cruz a intervenir en la administración y concesión de tramos viales dentro de su territorio, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial que incluyó además a otras provincias y autorizó la ejecución de obras bajo el sistema de peaje.
La disposición quedó establecida a través del Decreto 253/2026, que incorporó también a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Río Negro, Mendoza, Neuquén y San Juan dentro del nuevo esquema previsto por el Ejecutivo nacional.
A partir de esta decisión, Santa Cruz quedó facultada para otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre rutas nacionales que atraviesan su territorio. El alcance de esa autorización comprendió tareas de administración, reparación, ampliación y mantenimiento de esos tramos.
La delegación contempló además la posibilidad de que la provincia avance en todo el procedimiento vinculado a esas concesiones, desde la instancia de licitación hasta la adjudicación de los contratos correspondientes.
Según el texto citado en la publicación, el decreto estableció de manera explícita la delegación de la competencia “para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales”.
Ese esquema implicó que la provincia podrá definir de qué manera se ejecutarán esas obras, bajo un régimen de concesión a empresas privadas o también a entes públicos, siempre dentro de los márgenes fijados por la normativa nacional.
Uno de los puntos centrales de la medida fue que, pese a la delegación operativa, las rutas continuaron siendo nacionales. Es decir, la provincia podrá gestionarlas, pero no pasarán a ser de su propiedad ni perderán su carácter federal.
De acuerdo con la información difundida, el nuevo esquema significó una descentralización operativa sobre corredores viales nacionales, aunque el Estado nacional mantuvo el control general y la titularidad de los caminos incluidos en este régimen.
