El joven de 30 años, que padece diabetes tipo 1 y se encuentra privado de la libertad, había sido derivado de urgencia tras pasar cinco días en terapia intensiva en Puerto San Julián. Sin embargo, su entorno familiar denuncia un deterioro crítico en su estado de salud, falta de atención médica digna e incoherencias entre los partes oficiales y la condición real del paciente.
Apenas una semana después de que se concretara la tan solicitada derivación médica desde el Hospital de Puerto San Julián, la situación de Jonathan Casas (30) dio un giro alarmante. Su pareja, Guadalupe Martínez, hizo pública una desesperada denuncia a través de las redes sociales y la justicia provincial, advirtiendo que el paciente se encuentra descompensado y en un estado manifiesto de abandono dentro del Hospital de Caleta Olivia.
Casas, quien se encuentra privado de la libertad y padece diabetes tipo 1 —condición insulino-dependiente que requiere monitoreo permanente—, había permanecido internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de San Julián desde el pasado 5 de septiembre. Tras intensos reclamos de sus allegados para lograr el traslado a un centro de mayor complejidad donde pudiera ser atendido por sus médicos tratantes, la derivación finalmente se ejecutó.
No obstante, las expectativas de una pronta mejoría se derrumbaron a los pocos días de su arribo.
“Un acto de crueldad”
Según relató la familia, luego de tres días sin poder acceder a visitarlo, las autoridades le permitieron el ingreso a su pareja, quien se encontró con un panorama crítico que contradice las evaluaciones del personal del nosocomio.
“El informe que me dio la médica del Hospital de Caleta Olivia no coincide con lo que ven mis ojos. La realidad es desesperante. Jonathan está totalmente mareado, con vómitos constantes y me dice que no puede orinar. Quienes tienen la obligación legal y humana de cuidar su salud lo están dejando abandonado”, denunció Martínez.
El cuadro descripto —que incluye mareos, vómitos ininterrumpidos y anuria (incapacidad para orinar)— enciende las alarmas por posibles complicaciones severas derivadas de su cuadro diabético de base y una eventual falla renal o cetoacidosis, condiciones de altísimo riesgo vital si no reciben tratamiento inmediato de terapia intensiva.
Medidas judiciales de urgencia
Ante la gravedad del cuadro, la representación legal de Casas presentó un recurso de Hábeas Corpus en el Juzgado de Instrucción de Caleta Olivia y remitió la prueba fotográfica y médica a la Defensoría Oficial para exigir una intervención judicial inmediata que garantice la integridad física del interno.
Los familiares ya habían advertido durante el 2025 que las condiciones de encierro afectaban de manera irreversible la salud del joven, motivo por el cual reiteraron el pedido de prisión domiciliaria o, en su defecto, una internación garantizada bajo estándares médicos adecuados.
“Estar detenido no significa perder el derecho a la salud ni a una atención médica digna. Lo que están haciendo con él es un castigo y un acto de crueldad. Hago responsables a las autoridades judiciales de la provincia de Santa Cruz y a la Dirección del Hospital de Caleta Olivia por cualquier complicación grave o por su vida”, enfatizó su entorno en el comunicado desesperado donde exigen la difusión pública del caso.
