La iniciativa busca centralizar los reclamos vecinales, mejorar la coordinación entre el Municipio, SPSE y Distrigas, además de establecer responsabilidades y plazos para la reparación de calles y veredas luego de las intervenciones sobre los servicios esenciales.
En la sesión ordinaria de este jueves, el concejal Carlos Aparicio presentará un proyecto de ordenanza para crear la Oficina Municipal del Usuario de Servicios Públicos e Infraestructura Esencial, una herramienta que busca fortalecer la defensa de los vecinos frente a los problemas que se presentan en la prestación de servicios básicos.
La propuesta contempla que esta oficina funcione como un espacio técnico, consultivo y de enlace vecinal, encargado de recibir, clasificar y dar seguimiento a reclamos colectivos o reiterados vinculados con el agua potable, cloacas, energía eléctrica y gas natural.
“Los vecinos no pueden seguir pasando de un organismo a otro cada vez que tienen un problema con un servicio. Necesitamos una herramienta que permita recibir el reclamo, hacerle seguimiento y exigir respuestas”, plantea Aparicio.
El proyecto también propone crear una Mesa Técnica de Coordinación de Obras e Infraestructura Urbana, integrada por representantes del Concejo Deliberante, el Municipio, SPSE y Distrigas, con el objetivo de mejorar la planificación y coordinación de las obras que se realizan en la ciudad.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa está relacionado con las intervenciones que implican roturas de calles, pavimento o veredas. El proyecto establece que las empresas prestatarias o contratistas deberán informar y solicitar autorización previa para realizar este tipo de trabajos, excepto en situaciones de emergencia.
Además, fija un plazo de cinco días corridos para recomponer la calzada una vez finalizada la intervención, estableciendo que, si la empresa responsable no cumple, el Municipio podrá ejecutar la reparación y trasladar los costos a la prestataria, junto con las penalidades correspondientes.
“Cuando una empresa rompe una calle para reparar un servicio, también tiene que hacerse cargo de dejarla en las mismas condiciones en las que estaba. No puede ser que las obras terminen y el problema quede durante meses en las calles de las y los vecinos”, sostuvo el concejal.
La ordenanza también incorpora una herramienta de participación ciudadana: un registro digital y georreferenciado de reclamos, donde los vecinos podrán registrar sus denuncias, adjuntar fotografías y realizar el seguimiento de las actuaciones.
Desde la iniciativa se plantea que el acceso regular a servicios como el agua, el saneamiento, la electricidad y el gas es fundamental para la vida cotidiana de la comunidad y que el Estado debe contar con mecanismos para controlar, coordinar y exigir respuestas.
“Queremos que haya una herramienta permanente para acompañar los reclamos de las y los vecinos, fortalecer el control sobre los servicios públicos y exigir mayor responsabilidad en las obras de infraestructura que se realizan en Caleta Olivia”, señaló.
