La ex diputada nacional cuestionó con dureza la urgencia del oficialismo para modificar el código electoral, exigió respuestas concretas ante la inseguridad en Caleta Olivia y criticó el modelo de gestión provincial.
La ex diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Roxana Reyes, cuestionó severamente la premura del oficialismo para sancionar un nuevo código electoral en Santa Cruz a pocos meses de los comicios y advirtió que la iniciativa gubernamental llega con un marcado retraso. En una entrevista radial con La Bisagra Radio, la referente política criticó la falta de debate previo y graficó la situación al señalar: “Se ha perdido mucho tiempo de debate, y que el año que viene votamos y que no sabemos con qué reglas. Esto es como que te invite a jugar, pero no te diga si vas a ir a jugar fútbol, vas a ir a jugar básquet o vas a ir a jugar este ajedrez”. Según su perspectiva, esta metodología responde a un intento por “esconder las reglas electorales, manipular las reglas electorales a su antojo” e incluso amenazar con vetos cuando se logran mayorías en la Cámara de Diputados.
A pesar de sus fuertes reparos sobre los tiempos y sobre puntos del proyecto que -a su entender- podrían cercenar el derecho del ciudadano a conocer las propuestas al permitir que el tribunal electoral permanente altere o elimine preguntas en los debates obligatorios, Reyes ponderó positivamente algunos apartados del texto unificado. Entre ellos, destacó la incorporación de la boleta única por considerarla una herramienta que ahorra recursos, cuida el medio ambiente y previene delitos electorales como el voto cadena.
Asimismo, respaldó la prohibición de la ley de lemas y sublemas, y enfatizó que la implementación de un debate público y obligatorio es “súper importante para que la gente pueda escuchar a los candidatos” más allá de las campañas basadas en redes sociales o parafernalias proselitistas.
En el plano institucional y legislativo, la dirigente opositora advirtió sobre las contradicciones normativas entre el artículo 78 de la Constitución provincial —que avala una ley electoral uniforme— y el artículo 141, que reconoce la autonomía municipal. En esa línea, alertó sobre los cambios en la conformación de la Cámara de Diputados en lo referente al sistema de representantes por municipio, recordando que desde la Unión Cívica Radical y los equipos técnicos de la Fundación Sur se lleva exigiendo el análisis profundo de esta normativa desde hace dos años y medio.
Consultada sobre la coyuntura provincial y los recientes hechos de violencia que afectaron a un medio de comunicación en Caleta Olivia, Reyes expresó su máxima solidaridad con Emir Silva y todo el equipo del medio local, manifestando su “mayor repudio sobre este hecho de violencia”. La ex legisladora remarcó que los actos violentos deben ser condenados venga de donde provengan y cuestionó con firmeza la respuesta del poder ejecutivo y judicial: “La violencia tiene que ser siempre repudiada, venga de donde venga. Las sociedades civilizadas resuelven sus diferencias a través del diálogo, a través de los consensos, no a través de la violencia”. Asimismo, advirtió que un ataque contra la prensa busca generar temor y silenciar a la sociedad, afectando directamente el derecho de los ciudadanos a estar informados.
En relación con el clima político y social de la provincia, Reyes criticó la profundización de la polarización y la falta de respuestas institucionales ante hechos de inseguridad y vulnerabilidad. Al respecto, cuestionó las declaraciones oficiales al señalar: “No alcanza con que se solidaricen ni tampoco estas frases grandilocuentes, ‘basta de mafias’. No, no, no, no, no, señor, no. Usted tiene que garantizar la seguridad de todos nosotros”.
Finalmente, al ser consultada sobre una posible candidatura a la gobernación de cara al año 2027, la referente radical aclaró que no se encuentra haciendo futurología debido a la falta actual de reglas de juego electorales claras, aunque remarcó que su eventual participación estará sujeta a la construcción de un modelo de provincia que defienda la dignidad del trabajo y los recursos de los santacruceños por sobre asistencialismos.
