Una integrante de la Policía de Santa Cruz ha hecho público a través de redes sociales un relato que expone la situación que atraviesa tras radicar una denuncia por presunto abuso sexual contra un Comisario de alto rango con destino en El Calafate. Su testimonio, divulgado para visibilizar su caso, cuestiona severamente los procedimientos administrativos internos de la fuerza y la falta de medidas preventivas contra el denunciado.
Según la información que tomó estado público, la denuncia fue presentada formalmente por los canales institucionales. No obstante, la publicación detalla tres puntos críticos que evidencian una presunta revictimización por parte de la institución.
El denunciado continúa en funciones
El primer punto de conflicto es el estatus del Comisario implicado. A pesar de la gravedad de la acusación y de haberse realizado pericias, el oficial no habría sido apartado de su cargo, manteniendo su jerarquía y funciones operativas en la localidad turística. Esto contrasta con las medidas cautelares que suelen aplicarse en casos de esta naturaleza.
Descuentos salariales por tratamiento médico
Mientras tanto, la agente víctima inició un tratamiento psicológico y psiquiátrico debido al impacto del hecho denunciado. Sin embargo, las ausencias laborales justificadas con estos certificados médicos habrían derivado en descuentos salariales, afectando su estabilidad económica. Como consecuencia directa, la mujer no pudo cumplir con el pago de su alquiler.
Ante esta emergencia económica y habitacional, y tras haber solicitado asistencia a la propia institución policial, la respuesta habría sido la de iniciarle un sumario administrativo por su situación de deuda, agravando así su cuadro de vulnerabilidad en lugar de brindarle contención.
El caso pone en evidencia un doble estándar institucional: por un lado, la falta de medidas cautelares contra un alto mando denunciado por un delito grave, y por otro, la aplicación de sanciones administrativas y económicas contra la denunciante, quien busca atención médica tras la presunta agresión. La situación ha generado una fuerte repercusión en redes sociales, donde se exige una investigación imparcial y un protocolo de actuación que proteja a las víctimas dentro de la fuerza.
