En Santa Cruz, enfermarse tiene un cuantioso “plus”. No por la patología en sí, que dependiendo la complejidad de la misma ya es un reto, sino por un sistema que no responde, que no cobra a quien debe cobrar, que no ordena lo que debe ordenar y que deja a miles de afiliados —muchos de ellos en situación crítica— a merced del abandono.
Mientras la política discute, la salud espera.
Y cuando la salud espera, la vida se apaga en silencio.
La Caja de Servicios Sociales (CSS) atraviesa una emergencia profunda, estructural y moral. No es una crisis coyuntural ni un problema heredado que justifique la inacción. Es una situación actual, concreta y verificable: prestaciones que no llegan, tratamientos que se interrumpen, derivaciones que se caen. Pacientes oncológicos, enfermos crónicos y personas con enfermedades prolongadas quedan expuestos a decisiones administrativas que en la práctica, definen quién se atiende y quién no.
Esta no es una discusión política.
Es una discusión sobre derechos vulnerados.
Autoridades que existen, responsabilidades que no se ejercen.
La CSS ya no está intervenida por la Provincia. Tiene autoridades propias, con deberes expresamente establecidos por la legislación vigente. Entre ellos, uno central: recaudar, administrar y recuperar los fondos que le corresponden.
Ese deber no se está cumpliendo con la urgencia que la realidad impone.
Municipios que no pagan, deudas que se acumulan, recursos que no ingresan. Y frente a ese escenario, una pasividad que resulta inexplicable. Las herramientas administrativas y legales existen. Lo que no aparece es la decisión de usarlas, ni discusiones donde aparezcan.
Judicializar masivamente a todos los municipios, sin coordinación ni planificación provincial, sería un despropósito. Pero no hacer nada es todavía más grave. Es permitir que el sistema colapse mientras hay personas dentro del sistema que dependen de él para vivir.
No es déficit: es dolor
Cuando no se cobran las deudas, no se genera solo un rojo contable, se genera angustia, incertidumbre… sufrimiento. Personas que suspenden medicación. Pacientes oncológicos que ven postergadas quimioterapias. Derivados que quedan varados lejos de sus hogares, sin cobertura ni respuestas.
La consecuencia directa no es económica, es sanitaria y humana.
El Gobierno Provincial no puede desentenderse
Aunque la CSS tenga autonomía formal, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz no puede mirar para otro lado. La salud pública es una responsabilidad primaria e indelegable del Estado provincial. El Gobernador debe ser interpelado, no por especulación política, sino por responsabilidad institucional.
Miles de jubilados de la Caja de Previsión Social —organismo que depende del ámbito económico provincial— están afiliados a la CSS, al igual que sus familias. Esto convierte a la crisis de la Caja en un problema directo del Ejecutivo provincial. Mirar para otro lado no es neutralidad, es omisión en las responsabilidades de un Estado que día a día se vuelve más ausente.
El dinero está, pero no donde debe
Mientras la Caja se desfinancia, las prestaciones continúan concentrándose en el sector privado, con facturaciones millonarias y controles deficientes.
No hay historias clínicas universales.
No hay un sistema de gestión integrado.
Se repiten estudios una y otra vez.
Se pagan prácticas sin trazabilidad real.
La pregunta es inevitable y urgente:
¿Dónde está la plata?¿Y por qué nadie puede explicar con precisión en qué se gasta?
Hospitales públicos relegados, oportunidades desperdiciadas
En paralelo, el sistema público permanece subutilizado. Consultorios externos con capacidad ociosa, hospitales modulares sin pleno desarrollo y profesionales que podrían absorber gran parte de las prestaciones con menor costo y mayor control.
Fortalecer el sistema público no es solo una decisión sanitaria: es una decisión de justicia y eficiencia. Pero implica ordenar, auditar y tocar intereses. Y eso, hasta ahora, no se ha hecho.
El testimonio que duele
“Tenés cáncer y tenés que mendigar atención.”
“Sentís que no valés nada.”
“Te dicen que esperes, pero la enfermedad no espera.”
El estrés, la angustia y la incertidumbre también enferman. Y en algunos casos, matan. El tiempo se terminó.
Las soluciones están claras:
Recuperar de manera urgente las deudas.
Coordinar provincia y municipios antes de judicializar.
Implementar una historia clínica digital universal.
Reducir gastos innecesarios.
Reorientar prestaciones al sistema público.
Garantizar continuidad de tratamientos críticos.
No hacerlo ya no es un error, es una responsabilidad política, administrativa y moral porque cuando la salud espera y la política calla, no colapsa una Caja: colapsa la confianza social. Y el precio, una vez más, lo pagan los más vulnerables.
