La comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura Provincial dio despacho favorable al proyecto de Ley presentado por el diputado Piero Boffi (Por Santa Cruz) para la adhesión de la provincia al “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI), en busca de avanzar en el marco regulatorio para fomentar las grandes inversiones en Santa Cruz.
Primero, ¿qué es el RIGI? El Régimen de Incentivos a Grandes Inversores (RIGI) es una parte importantísima en la ya votada Ley Bases con complicidad de los Santacruceños Natalia Gadano, José María Carambia (ambos senadores), José Luis Garrido y Sergio Acevedo (diputados nacionales). Ahora es otra lucha, evitar la adhesión de Santa Cruz a este instrumento orquestado por las grandes corporaciones internacionales.
¿Cómo beneficia el RIGI a las grandes empresas?
El RIGI establece “incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos” para “titulares de un único proyecto” de inversiones que superen los US$ 200 millones. El régimen ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios DURANTE 30 AÑOS para atraer grandes inversiones. Según establece el proyecto aprobado, además de incentivar inversiones nacionales y extranjeras, el RIGI tiene como objetivos promover el desarrollo económico; desarrollar y fortalecer la competitividad de “ciertos sectores económicos”; incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior; así como también, generar empleo, entre otros ítems.
Entre los beneficios salientes para los proyectos que adhieran al régimen normativo, se encuentra la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución acelerada del IVA y retenciones cero para las exportaciones que surjan de estas inversiones.
1. Beneficios impositivos:
– Impuesto a las Ganancias:
– Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU).
– Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura.
– Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años.
– Impuesto al Valor Agregado (IVA):
– Devolución acelerada de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses.
– Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros.
– Otros impuestos:
– Computar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.
2. Beneficios aduaneros:
– Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos.
– Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.
3. Beneficios cambiarios:
– Libre disponibilidad de divisas para exportaciones:
– 20% el primer año.
– 40% el segundo año.
– 100% a partir del tercer año.
– Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.
4. Estabilidad normativa:
– Estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años.
– Garantía de no afectación por normativas más gravosas.
¿Cómo serían estos beneficios comparados con el marco impositivo de la Industria Nacional?
La implementación de este régimen discrimina a nuestras PyMES, da ventajas a sectores y corporaciones que no las necesitan, direcciona recursos a una primarización extractivista de la estructura económica y social de nuestro país, no promueve procesos de agregado de valor y desarrollo de nuevas oportunidades laborales y avanza de forma agresiva sobre la soberanía de las provincias; perjudicando el desarrollo económico de nuestro país
PERJUICIOS DEL RIGI PARA ARGENTINA
A pesar de los beneficios, desde varios sectores afirman que el RIGI también puede tener ciertos efectos adversos en la economía y la sociedad argentina:
- Erosión de la Base Imponible: Las exenciones fiscales ofrecidas por el RIGI podrían reducir significativamente los ingresos fiscales del Estado, especialmente si no se logran los objetivos de inversión y exportación. Esto podría agravar el déficit fiscal en el corto plazo.
- Desigualdad Regional: El RIGI podría concentrar la inversión en regiones o sectores específicos, dejando fuera a otras áreas del país que también necesitan desarrollo. Esto podría exacerbar las desigualdades regionales en términos de empleo y desarrollo económico.
- Dependencia del Capital Externo: Al enfocarse en atraer inversión extranjera, Argentina podría volverse más dependiente del capital externo, lo que podría aumentar la vulnerabilidad económica del país ante cambios en las condiciones internacionales o en la política interna de los países inversores.
- Impacto Ambiental: En algunos casos, la promoción de ciertos sectores industriales podría tener un impacto ambiental negativo si no se establecen regulaciones adecuadas. La explotación de recursos naturales y la industrialización sin un marco de sostenibilidad pueden dañar el medio ambiente a largo plazo.
- Falta de Empleo Asociado: Los trabajadores podrían ser en su totalidad extranjeros (algo que no es del todo infrecuente en el negocio minero, pero ahora quedaría consagrado en el espíritu de la norma), sin necesidad de contratar a ninguna persona local.
La encrucijada del RIGI en Santa Cruz: Riesgos según investigador del CONICET
La posible adhesión de Santa Cruz al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) desencadeó un debate en Legislatura Provincial. Alejandro Schweitzer, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), expuso sus preocupaciones en el programa que conduce Marcelo del Valle Romero, subrayando las graves consecuencias que esta medida podría tener para la autonomía provincial y la economía local.
Para Schweitzer, este artículo es «dos veces inconstitucional,» ya que no solo «anula la autonomía provincial garantizada en la Constitución,» sino que también «violenta la división de poderes» al imponer directivas al Poder Judicial.
El investigador señaló que «la respuesta del diputado Piero Boffi» (UCR-San Julián) quien presentó el proyecto de adhesión al RIGI, fue alarmantemente despreocupada. «Boffi admitió que hay contradicciones con la Constitución, pero aseguró que lo importante es que ingresen dólares«, indicó Schweitzer, poniendo en evidencia la falta de seriedad con la que, en su opinión, se está manejando esta discusión.
Nota completa:
Impacto en los Recursos Naturales
Una de las preocupaciones más graves que Schweitzer destacó es el riesgo que el RIGI representa para los recursos naturales de la provincia. Haciendo referencia a una movilización en Caleta Olivia por el acceso al agua, Schweitzer advirtió que, de aprobarse la adhesión al régimen, las empresas tendrían prioridad en el uso de recursos esenciales como el agua y la energía, por encima de las necesidades de la población local. «Este es un escenario crítico para una provincia que ya enfrenta carencias energéticas previstas para este verano,» afirmó.
Efectos nocivos para las PyMEs
Schweitzer también puso énfasis en cómo el RIGI podría afectar negativamente a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) locales. Según el régimen, las grandes empresas adheridas estarían exentas de pagar impuestos durante los primeros años y podrían importar maquinaria y otros recursos sin restricciones, lo que Schweitzer considera una competencia desleal para las PyMEs locales. «Estas empresas, al no pagar impuestos y poder importar todo lo que necesiten, podrían reventar la economía local,» señaló, advirtiendo que esto podría resultar en la destrucción de empleos y en la desaparición de proveedores locales.
El artículo 93 del RIGI, que permite la libre importación de bienes de construcción y operación sin ningún tipo de restricción, también fue motivo de preocupación. «Este artículo hace que la provisión local de materiales y servicios desaparezca,» explicó Schweitzer, añadiendo que, aunque el régimen estipula que un 20% del costo de los proyectos debe ser cubierto por proveedores locales, esta cifra es «insuficiente» y «casi irrelevante» dada la magnitud de las inversiones.
Empleo local en riesgo
También abordó el impacto potencial del RIGI en el empleo local, destacando la falta de garantías en la generación de puestos de trabajo para los habitantes de Santa Cruz. Aunque el régimen establece que un 20% del empleo debe ser local, Schweitzer criticó la falta de mecanismos para asegurar que las empresas cumplan con esta obligación. «Las empresas pueden decidir que los trabajadores locales no cumplen con los requisitos técnicos y traer empleados de afuera sin limitaciones,» advirtió.
