Varias agrupaciones convocaron a movilizarse cuando el Senado debata la Ley de Financiamiento Universitario. El riesgo de un nuevo veto del ultraderechista y la paupérrima propuesta salarial para los docentes.
La crisis de las universidades públicas continúa mientras desde el gobierno de Javier Milei se enfoca en vetar la Ley de Movilidad Jubilatoria y a agudizar sus medidas de ajuste. Por ello, este jueves 5 de septiembre se realizará un nuevo paro de 24 horas y movilización hacia el Congreso Nacional, cuando el Senado trate la Ley de Financiamiento Universitario, que ya cuenta con media sanción de Diputados.
“Con la Conadu Histórica, la AGD llama a parar y movilizar al Congreso para reclamar su aprobación.Ni la repercusión pública de la situación universitaria, ni estos debates en el Congreso, ni las manifestaciones de las gestiones universitarias, ni esta ley que ahora está en tratamiento, nada de eso hubiera existido sin los paros y la movilización docente, estudiantil y no docente del primer cuatrimestre, y sin el plan de lucha que amenazó con la paralización de los colegios preuniversitarios y las universidades”, expresó en un comunicado la Asociación Gremial Docente de la UBA.
Y agregaron: “Por eso mismo, votamos y seguimos reclamando tanto la continuidad como la profundización del plan de lucha. Seguimos reclamando una nueva y masiva movilización para conquistar nuestro derecho a la recomposición salarial. Mantenemos nuestra exigencia a las centrales sindicales para que convoquen a un paro general y un plan de lucha”
Una posible nueva marcha federal
En tanto, en caso de que la ley no se apruebe, el Plenario de la CONADU Histórica definió llevar al Frente Sindical de Universidades Nacionales, la propuesta de coordinar un paro nacional de 72 horas para la semana del 9 septiembre con acciones visibilización.
En el caso de este extremo, la idea es que se convoque a una movilización multitudinaria como la que hubo en abril pasado.
El conflicto salarial se da en contexto de fuertes recortes de los fondos públicos destinados a la educación, como parte del severo plan de ajuste puesto en marcha en diciembre pasado por el Ejecutivo de Milei.
La consigna de los trabajadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) habla de lograr “salarios dignos para quienes tienen la misión de garantizar una formación de excelencia” para sus estudiantes.
Qué plantea la Ley de Financiamiento Universitario
El proyecto de Ley, que cuenta con media sanción de la Cámara Baja, plantea que el Poder Ejecutivo debe actualizar las partidas presupuestarias de las Universidades al 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 destinada a gastos de funcionamiento, de forma bimestral y en función del índice de Precios al Consumidor (IPC).
Asimismo, también establece la recomposición salarial de docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma mensual y conforme a la inflación acumulada informada por el INDEC.
La “generosa” propuesta salarial del Gobierno
En la última reunión paritaria realizada en el Palacio Sarmiento, el Gobierno propuso un generosísimo aumento salarial de 3 por ciento para agosto y 2 por ciento para septiembre.
Los representantes encabezados por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y la subsecretaria de Empleo Público, María Rosana Reggi, no salieron de su sorpresa cuando los gremios le dijeron que no: la oferta apenas si alcanza el 10 por ciento del atraso salarial que tienen —que calculan en, al menos, un 50 por ciento—.
