Cuando no hay voluntad de transparentar la política, suceden hechos como los ocurridos en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, un cuerpo que, por razones obvias, muchos evitan calificar como “honorable”.
En la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde debía tratarse el pedido de la justicia (Oficio 535/25) para desafuero del diputado Fernando Españón —acusado de graves delitos durante su gestión como intendente de 28 de Noviembre—, los integrantes no lograron consenso para retirarle los privilegios y permitir que avance la investigación. La negativa oficialista, alineada con el gobernador Claudio Vidal, impidió que se emitiera un despacho favorable.
Las causas judiciales contra Españón incluyen:
– Expte. N° 7397/22: “Desobediencia e Impedimento al Ejercicio de Funciones Públicas”.
– Expte. N° 8357/24: “Abuso de Autoridad”.
– Expte. N° 8516/24: “Abuso Sexual Simple (3 hechos) en modalidad coactiva o intimidatoria”.
La Comisión, integrada por Adriana Nieto (FPV), Eloy Echazú (FPV), Lorena Ponce (FPV), Pedro Luxen (SER), Javier Jara (SER), Patricia Urrutia (SER) y Pedro Muñoz (CC-ARI), requería dos tercios de votos para emitir el despacho y tres cuartas partes para su aprobación en sesión. Sin embargo, el bloque oficialista (SER) y sus aliados bloquearon el proceso.
Tácticas dilatorias y complicidad política
Los legisladores argumentaron que los expedientes llegaron “en papel” recién el martes (dos de las causas) y en formato digital (el caso de abuso sexual), por lo que pasaron a un cuarto intermedio sin fecha definida. Esta maniobra retrasa el tratamiento y, en los hechos, protege a Españón de la acción judicial.
Previamente, el diputado había intentado una simulación de renuncia a sus fueros, un acto inconstitucional que la propia Cámara debió desestimar. El intento de validarlo mediante una resolución —ni siquiera incluida en el orden del día— evidenció el descaro del oficialismo por blindarlo.
Costo político y alianzas en riesgo
El gobierno y el SER asumen el impacto de sostener a un acusado de abuso sexual y corrupción. Sus aliados (UCR, PRO y Encuentro Ciudadano) también enfrentan desgaste, pese a intentar distanciarse en el discurso. Encuentro Ciudadano, por ejemplo, emitió un comunicado ambiguo, sin acciones concretas para romper la coalición.
Si en las próximas semanas no se emite el despacho, el pedido de desafuero no podrá tratarse en sesión, lo que dejará en evidencia el pacto de impunidad del oficialismo. Las consecuencias electorales serán inevitables, especialmente para un gobierno que se opone a la Ficha Limpia mientras protege a figuras cuestionadas.
