El Juzgado de Instrucción requirió al Municipio de Pico Truncado que detalle las actuaciones administrativas realizadas en torno a una exfuncionaria señalada por haber utilizado tarjetas sociales de beneficiarios para realizar compras sin autorización.
La Justicia de Pico Truncado avanzó en una investigación por el presunto uso indebido de Tarjetas Sociales, pidió informes urgentes al municipio y requirió precisiones sobre las actuaciones administrativas realizadas en torno a una exfuncionaria que se desempeñaba como jefa del área de Abordaje Territorial, luego de una denuncia que la señaló por utilizar una tarjeta ajena para efectuar compras sin autorización.
El oficio judicial fue librado por el Juzgado de Instrucción y estuvo dirigido a la Municipalidad de Pico Truncado con el objetivo de conocer si la exfuncionaria tenía a su cargo la administración de las tarjetas y cuáles eran las funciones específicas que cumplía dentro del área. El requerimiento, según se indicó, fue enviado a comienzos de la semana pasada con carácter urgente.
La causa se originó a partir de la denuncia presentada por un vecino, quien la acusó de haber utilizado su Tarjeta Social sin consentimiento. A partir de esa presentación, la investigación comenzó a profundizarse sobre el posible manejo indebido de un beneficio social destinado a personas alcanzadas por programas de asistencia.
De acuerdo a la información difundida, el caso denunciado no habría sido un hecho aislado. La exfuncionaria también habría utilizado otras tarjetas pertenecientes a distintos beneficiarios, lo que amplió la dimensión del expediente y abrió nuevas líneas dentro de la pesquisa judicial.
En un primer momento, la mujer habría negado las acusaciones cuando fue consultada por funcionarias del área de Desarrollo Social. Sin embargo, en una segunda reunión, y luego de ser confrontada con distintos elementos de prueba, habría reconocido lo ocurrido.
Entre las pruebas incorporadas se mencionaron el testimonio del denunciante, identificado como un hombre de apellido Escarate, registros de la transacción en su teléfono celular y filmaciones de cámaras de seguridad del comercio en el que se habrían concretado las compras observadas.
Según trascendió, la exfuncionaria habría intentado justificar su accionar al señalar que atravesaba dificultades económicas. Esa explicación apareció en el marco de las actuaciones internas y del proceso de revisión de lo sucedido.
Tras el escándalo, se le solicitó la renuncia a su cargo político y también fue desvinculada como empleada de planta permanente. No obstante, esa última medida habría sido adoptada sin la apertura de un sumario administrativo, una situación que también podría derivar en nuevas discusiones y consecuencias dentro del caso.
Vía TiempoSur
