El intendente de Río Gallegos , Pablo Grasso , apuntó contra el Gobierno provincial luego de la difusión del decreto que vetó la ley aprobada por la Legislatura de Santa Cruz , que buscaba cobrar un 5% de regalías mineras a nuevos proyectos. El jefe comunal vinculó esa decisión con el pedido de endeudamiento por 600 millones de dólares y cuestionó las prioridades oficiales.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, cuestionó al gobernador Claudio Vidal tras conocerse el veto total a la ley sancionada por la Honorable Legislatura Provincial, que establecía el cobro de un cinco por ciento en concepto de regalías mineras sobre el valor “boca mina” del mineral extraído para nuevos proyectos mineros. La crítica se produjo a través de una publicación en redes sociales, donde el jefe comunal contrapuso esa decisión con la falta de recomposición salarial y el pedido de endeudamiento provincial.
En la publicación, Grasso sostuvo: “No hay recomposición salarial. Pero sí hay apuro para endeudar a Santa Cruz por 600 millones de dólares. Y mientras tanto, Vidal vetó la ley que buscaba cobrar un 5% de regalías a nuevos proyectos mineros. Cobrarle a las mineras: NO. Endeudar a los santacruceños: SÍ. Las prioridades del Gobierno están bastante claras”, expresó.
El planteo del intendente hizo referencia al documento oficial enviado desde la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación a la Honorable Cámara de Diputados, dirigido al presidente del cuerpo, Fabián Leguizamón, mediante el cual se comunicó la remisión de una fotocopia certificada del Decreto Provincial N° 0450.
Según el texto incorporado en la documentación, por ese instrumento legal “se veta en todas sus partes la Ley sancionada por la Honorable Legislatura Provincial en sesión ordinaria de fecha 23 de abril del año 2026”, indicó.
La norma vetada establecía que la Provincia de Santa Cruz cobraría “un cinco (5%) por ciento en concepto de regalías mineras sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído”, de acuerdo con el contenido del documento oficial difundido.
El alcance de esa ley estaba dirigido a “aquellos proyectos mineros que inicien la construcción de la etapa de explotación después de la entrada en vigencia de la Ley Nacional 27743”, señaló.
En ese marco, Grasso cuestionó que el Gobierno provincial avanzara con el veto a una herramienta vinculada a la recaudación sobre nuevos emprendimientos mineros, mientras se mantenía el debate por el endeudamiento de Santa Cruz por 600 millones de dólares.
