La Municipalidad de Caleta Olivia, comandada por el intendente Pablo Carrizo, decidió desafectar a una empleada con cargo político dependiente de la Oficina de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, luego de que esta profesional se negara a firmar un informe social relacionado con un caso que no había sido abordado por ella.
El informe, que hacía referencia a una situación de vulneración de derechos de un menor, había sido elaborado por una compañera del organismo quien no contaba con la debida matrícula profesional para intervenir en el caso.
La empleada denunció que antes de ser desafectada, había recibido amenazas relacionadas con su puesto laboral. Se le advirtió que “su puesto de trabajo peligraba” si no accedía a firmar el informe. Este hecho se concretó finalmente con su desafectación, lo que generó gran preocupación entre sus compañeros de trabajo y diversas organizaciones sociales.
En un comunicado, el Consejo Profesional de Graduados en Trabajo Social, expresó su rechazo ante lo que consideran un acto de presión administrativa y una grave vulneración de los derechos laborales. En el mismo comunicado, se denunció la precarización laboral que afecta a los profesionales que trabajan en los distintos espacios de protección de derechos de infancias en toda la provincia. Se mencionó la escasez de profesionales en el área, la inestabilidad laboral y la falta de recursos y condiciones adecuadas para garantizar una intervención profesional eficaz y la integridad de los menores en situaciones de vulnerabilidad.
El Consejo Profesional de Graduados en Trabajo Social enfatizó que la falta de matrícula de la compañera que elaboró el informe es una irregularidad grave que pone en duda la calidad de la intervención en los casos que afectan a niños, niñas y adolescentes.
El fuerte debate sobre las condiciones laborales de los trabajadores sociales azota la realidad de la provincia, especialmente en áreas tan sensibles como la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La denuncia de la profesional desafectada ha puesto en evidencia no solo la precariedad de los recursos y la falta de supervisión, sino también la presión que algunos funcionarios y autoridades ejercen sobre los trabajadores para que cumplan con procedimientos irregulares o poco éticos, lo que podría poner en riesgo el bienestar de los menores.
A pesar de la denuncia, las autoridades municipales aún no se han pronunciado oficialmente sobre el caso ni han ofrecido detalles sobre las razones de la desafectación. Se espera que, en los próximos días, se brinden más aclaraciones sobre este conflicto.
