El Gobierno de Santa Cruz decidió vetar de manera total la ley que había sido aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y que proponía aumentar del 3% al 5% las regalías mineras para los nuevos proyectos en etapa de explotación. La medida generó malestar entre legisladores provinciales, especialmente porque parte de esos recursos estaban destinados a reforzar los ingresos de municipios y comisiones de fomento.
La iniciativa, impulsada por el diputado Javier Jara y sancionada el pasado 9 de abril, contemplaba que el incremento de dos puntos porcentuales en las regalías fuera distribuido entre todas las localidades santacruceñas para financiar obras, servicios e infraestructura. Sin embargo, el Poder Ejecutivo resolvió frenar la norma antes de su promulgación.
Según trascendió, uno de los principales argumentos del veto es que una mayor carga sobre las empresas podría afectar la llegada de nuevas inversiones mineras a la provincia, en un contexto donde varios proyectos aún se encuentran en etapas de exploración o definición.
La ley alcanzaba únicamente a los emprendimientos que iniciaran su etapa de explotación luego de la entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.743. De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la modificación representaba un incremento cercano al 70% en los ingresos que actualmente percibe la provincia por regalías mineras.
Uno de los aspectos más destacados de la propuesta era precisamente la coparticipación de una parte de esos fondos a municipios y comisiones de fomento, una medida que había logrado consenso entre oficialismo y oposición durante su tratamiento legislativo.
Ahora el veto deberá ser analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura. Posteriormente, los diputados deberán definir si aceptan la decisión del Ejecutivo o si buscan insistir con la ley. Para revertir el veto y sostener la norma, será necesario reunir una mayoría especial de dos tercios en el recinto.
La decisión del Gobierno provincial abrió una nueva discusión política dentro de la Cámara de Diputados y podría profundizar el debate sobre el reparto de los recursos generados por la actividad minera en Santa Cruz, especialmente en las localidades que reclaman una mayor participación en los beneficios económicos que produce el sector.
Via La Voz Santacruceña
