En una decisión que generó críticas y cuestionamientos, la abogada Paula Ayala, sancionada por el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz (STJSC) por prevaricato en la causa que investigaba al exvicegobernador Eugenio Quiroga por presunto abuso, fue designada como directora de la Unidad de Registros Públicos y de Personería Jurídica de Zona Norte.
Una designación bajo la lupa
Ayala, junto a otra letrada, fue suspendida por 15 días de su matrícula profesional por haber representado a ambas partes (acusado y denunciante) en el caso de abuso que involucraba a Quiroga, lo que configura un grave conflicto de intereses. Pese a esto, el gobierno de Claudio Vidal decidió otorgarle un cargo clave, que le dará control sobre la creación, modificación y disolución de sociedades comerciales (S.A., S.R.L., entre otras) en la región norte de la provincia.
El nombramiento contradice el discurso oficial de transparencia y renovación política, especialmente porque Ayala es considerada cercana al entorno de Quiroga, exfuncionario cuestionado y denunciado por irregularidades durante su gestión.
Un puesto estratégico en medio del avance del RIGI y las industrias extractivas
El cargo que ocupará Ayala no es menor: tendrá injerencia en el control de empresas que operen en sectores clave como petróleo, minería y pesca, áreas en las que el gobierno provincial ha impulsado fuertes inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Fuentes consultadas señalaron que la nueva funcionaria tendrá la facultad de aprobar o rechazar la constitución de sociedades, lo que podría influir en el ingreso de compañías vinculadas a los recursos naturales. Esta situación genera preocupación, dado su historial disciplinario y su cercanía con Quiroga, quien mantuvo fuertes vínculos con el sector empresarial durante su gestión.
Tensiones internas y un vicegobernador ninguneado
La designación también parece ignorar al actual vicegobernador Fabián Leguizamón, quien en su momento denunció las irregularidades de Quiroga en la Legislatura. Analistas políticos interpretan este movimiento como una señal de que el oficialismo sigue orbitando alrededor de figuras ligadas al anterior gobierno, pese a las promesas de cambio.
La designación de Ayala se da luego de un 2024 turbulento para las asociaciones civiles y sociedades comerciales de Zona Norte, que durante meses enfrentaron demoras y falta de respuestas desde el Ministerio de Gobierno. En marzo de ese año, el gobierno intentó cerrar la oficina de Registros Públicos en Caleta Olivia y desvincular al personal con años de trayectoria, lo que generó malestar en el sector.
Ahora, con una figura polémica al frente de la dependencia, las dudas sobre transparencia y conflictos de interés vuelven a estar sobre la mesa, en un contexto donde Santa Cruz busca atraer inversiones, pero enfrenta cuestionamientos por sus decisiones administrativas.
¿Un error político o una señal de que los viejos vínculos aún pesan en el gobierno de Vidal? La sociedad santacruceña espera respuestas.
