Vidal designó en un cargo del Estado a Fernando Españón, imputado en una causa por abuso sexual
El Gobierno de Santa Cruz oficializó la designación de Fernando Omar Españón como Director General del Área Técnica de Frontera, dependiente del Ministerio de Gobierno. El funcionario enfrenta causas judiciales, entre ellas una por tres hechos de abuso sexual simple.
Una nueva designación del gobernador Claudio Vidal vuelve a generar fuertes cuestionamientos políticos y sociales en Santa Cruz. Según consta en el decreto cuya copia se difundió, el Ejecutivo provincial resolvió designar, a partir del 1° de agosto de 2026, a Fernando Omar Españón como Director General del Área Técnica de Frontera, dependiente de la Subsecretaría Interior de la Secretaría de Estado de Gobierno e Interior.
El documento establece además que el cargo será desempeñado bajo el artículo 5° de la Ley N° 1831 y que Españón no gozará de estabilidad en el empleo, quedando su permanencia vinculada al tiempo efectivo de prestación de funciones.
La designación adquiere especial relevancia debido a la situación judicial que atraviesa Españón. Documentación oficial de la Cámara de Diputados de Santa Cruz confirma que sobre el exlegislador existen causas acumuladas, entre ellas el expediente N° 8516/24, por “abuso sexual simple (3 hechos) bajo la modalidad de abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia”.
En febrero de 2025, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial había solicitado su desafuero para permitir el avance de las actuaciones judiciales. Más recientemente, en junio de 2026, medios provinciales informaron que la Justicia volvió a requerir el desafuero de Españón en el marco de estas investigaciones.
Cuestionamientos al Gobierno de Vidal
La decisión del gobernador genera interrogantes sobre los criterios utilizados por el Ejecutivo provincial para seleccionar a quienes ocupan cargos dentro de la administración pública.
El cuestionamiento político apunta directamente a Vidal: ¿por qué el Gobierno provincial considera apropiado colocar al frente de una Dirección del Estado a una persona que se encuentra imputada en causas judiciales que incluyen acusaciones de abuso sexual?
La situación también pone bajo la lupa a la ministra secretaria del área, cuya firma debe refrendar el decreto de designación.
Cabe aclarar que una imputación no equivale a una condena y la responsabilidad penal deberá determinarse en la Justicia. Sin embargo, la existencia de investigaciones judiciales y, particularmente, el pedido de desafuero para avanzar con el proceso constituyen antecedentes que el Ejecutivo provincial conocía al momento de resolver la designación.
La decisión de Vidal abre así un fuerte debate sobre ética pública, perspectiva de género y estándares de idoneidad para ocupar cargos estatales, especialmente cuando existen investigaciones judiciales relacionadas con presuntos hechos de violencia sexual.
La pregunta que queda instalada es qué mensaje transmite el Gobierno de Santa Cruz a las mujeres que denuncian situaciones de abuso cuando, al mismo tiempo, designa en un cargo jerárquico del Estado a un funcionario que enfrenta este tipo de acusaciones.
Designación
