Buscan declarar la emergencia costera en la Patagonia

La iniciativa, impulsada por el diputado nacional Juan Carlos Molina y acompañada por otros legisladores, propone declarar la emergencia costera por 365 días, priorizar obras de defensa marítima y establecer un plan federal para enfrentar la erosión que amenaza a distintas localidades patagónicas. Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y Rawson están entre las zonas prioritarias.

El avance del mar y el retroceso de la línea de costa dejaron de ser una preocupación exclusivamente ambiental para convertirse en un problema que compromete a las ciudades y la infraestructura. Frente a este escenario, el diputado nacional Juan Carlos Molina presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Costera y Defensa del Litoral Marítimo en el Golfo San Jorge y las costas patagónicas, una iniciativa que cuenta con el acompañamiento de otros diputados.

La propuesta plantea declarar la emergencia por 365 días en las zonas afectadas por la erosión marina, la inestabilidad costera y el avance del mar, con especial atención en Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y Rawson. El objetivo es poner en marcha una estrategia de intervención que permita reducir los riesgos, proteger a la población y evitar que el deterioro del frente costero siga comprometiendo viviendas, rutas, servicios e infraestructura pública y privada.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la elaboración de un Plan Federal Integral de Protección y Recuperación Costera Patagónica. La iniciativa establece un plazo de 120 días para su desarrollo y contempla obras de defensa marítima, escolleras, espigones, muros de contención, estabilización de taludes y acantilados, además de acciones de recuperación de playas cuando resulten técnica y ambientalmente adecuadas.

En Caleta Olivia, el concejal Carlos Aparicio viene trabajando sobre la problemática ambiental de la ciudad, con la presentación de proyectos vinculados a la protección del litoral y la búsqueda de alternativas frente al deterioro costero. Además, impulsa espacios de encuentro con profesionales y especialistas para abordar la crisis ambiental local y avanzar en propuestas que permitan proteger el territorio y sus comunidades.

La propuesta de Molina, también prevé la elaboración de un Mapa Nacional de Vulnerabilidad Costera Patagónica que permita identificar las zonas de mayor riesgo y establecer prioridades de intervención a partir de estudios científicos. Para ello, contempla la participación del CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), entre otras instituciones especializadas.

El proyecto incorpora, además, la creación de una Mesa Interjurisdiccional de Coordinación Costera, con representación del Estado nacional, las provincias de Santa Cruz y Chubut, los municipios involucrados y las instituciones científicas. La intención es coordinar las acciones y evitar que una problemática que atraviesa distintas jurisdicciones quede fragmentada entre organismos con responsabilidades diferentes.

En materia de financiamiento, la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo Nacional a reasignar partidas presupuestarias, gestionar recursos de organismos multilaterales de crédito y celebrar convenios con provincias, municipios e instituciones científicas. También establece la obligación de presentar informes trimestrales ante el Congreso para informar sobre el avance de las obras, la ejecución de los fondos y los resultados del monitoreo costero.

La propuesta busca, además, que la emergencia pueda extenderse a otras localidades y sectores del litoral marítimo patagónico, siempre que estudios técnicos y científicos fundamenten su incorporación.

Para Caleta Olivia, una ciudad cuya relación con el mar forma parte de su identidad y de su desarrollo urbano, la discusión sobre la erosión costera plantea un desafío que exige planificación, conocimiento científico y decisiones de los distintos niveles del Estado. El proyecto de Molina busca establecer un marco de intervención federal para que la protección del litoral deje de depender de respuestas aisladas y forme parte de una política sostenida de prevención, infraestructura y recuperación ambiental.

La iniciativa deberá avanzar en el Congreso para que las medidas propuestas puedan convertirse en ley y traducirse en acciones frente a una problemática que afecta a las comunidades de la costa patagónica.