La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el procesamiento y ordenó nuevas indagatorias en la causa que investiga presuntas estafas cometidas contra adultos mayores. El tribunal pidió precisar cuánto dinero cobraron los acusados por encima de lo permitido por ley en cada caso.
Mario Sotomayor, abogado de Caleta Olivia, su esposa, su hijo y dos colaboradores más serán nuevamente indagados para esclarecer los montos que habrían cobrado de forma indebida y determinar si cometieron estafa, defraudación y asociación ilícita a un grupo de jubilados que están en juicio con ANSES por montos millonarios. La orden de la Cámara Federal busca establecer el alcance del daño causado, determinar los montos cobrados ilegalmente y definir la responsabilidad penal de Sotomayor y sus socios.
La punta del hilo que inicio la investigación judicial comenzó el 23 de agosto de 2017, cuando un jubilado se presentó en la Fiscalía Federal para denunciar que Sotomayor lo estaba intimando al pago de una cuota de 145.000 pesos por fuera de los regulado, tal como precisó La Opinión Austral. A través de esa denuncia el fiscal Lucas Colla, indagó y encontró centenares de casos similares o peores; y acusó a Sotomayor y su equipo de quedarse con un porcentaje superior a lo regulado por el juez luego de ganar un litigio, mientras que en otros casos se quedaba con el total del dinero, sin avisarles a sus clientes y aprovechando su condición de vulnerabilidad por su avanzada edad.
El abogado asistía a los jubilados en juicios por reclamos en torno a las diferencias originadas en la falta de actualización de las remuneraciones de beneficiarios del Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones.
Según el fiscal Colla, en cuatro oportunidades descubrió que el estudio de abogados había retirado el total del dinero del juicio mientras le aseguraban a sus clientes que todavía no se habían resuelto. En la mayoría de los casos se trata de jubilados de YPF y los montos de los juicios rondan poco más de 1 millón de pesos cada uno, según pudo saber La Opinión Austral.
Sin embargo, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, dictó su falta de mérito y ordenó profundizar la investigación para revisar los procesamientos de las cinco personas acusadas. El tribunal también dejó sin efecto los embargos sobre los bienes de las personas imputadas, pero ordenó a su respecto la anotación de litis, es decir, la publicidad en los registros de que podrían ser objeto de litigio en el futuro.
Tras la declaración ampliatoria, la Cámara Federal evaluará si hay elementos suficientes para procesar a los acusados y avanzar con el juicio correspondiente.
La decisión de la Cámara Federal
La resolución fue dictada por los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, quienes analizaron 14 casos en los que el estudio jurídico de Mario Sotomayor representó a jubilados y jubiladas contra la ANSES. Según el fallo, los convenios de honorarios firmados son “idénticos” a los pactos de cuota litis prohibidos por las leyes arancelarias 21.839 y 27.423, ya que implicaban que el abogado cobrara un porcentaje de los haberes previsionales obtenidos tras el litigio.
No obstante, la Cámara revocó el procesamiento inicial y dictó la falta de mérito, ordenando al Juzgado Federal de Caleta Olivia que recalcule los montos que legalmente correspondían y compare con lo efectivamente cobrado. Con esos datos, los acusados —Sotomayor y cuatro colaboradores— serán nuevamente citados a indagatoria.
Denuncias y modus operandi investigado
La causa comenzó en 2017 tras la denuncia de un jubilado que aseguró que su abogado le exigió un pago superior a lo fijado por el juez. La fiscalía detectó un patrón: en muchos casos los clientes no sabían cuál sería el porcentaje de honorarios hasta el momento de cobrar en el banco, donde se les descontaba entre un 30% y un 50% de la suma ganada en juicio.
En otros episodios, se acusa al letrado de quedarse con la totalidad del monto sin informar a sus representados. La maniobra, según el Ministerio Público Fiscal, vulneraba de manera directa la prohibición de pactos de cuota litis en procesos previsionales.
Argumentos de la defensa y testimonios
Sotomayor negó las acusaciones y sostiene que sus cobros estaban amparados por la ley de honorarios, en especial en lo relativo a trámites extrajudiciales y ejecuciones de sentencia. Aseguró que nunca apeló para demorar juicios y que actuó con prudencia en el cobro.
De hecho, luego de que La Opinión Austral publicara la investigación judicial, Sotomayor organizó una reunión con sus clientes para dar explicaciones. Hubo allí testimonios contrapuestos: mientras algunos jubilados relataron sentirse engañados y mal informados, otros manifestaron estar conformes con el trabajo del abogado, el dinero que percibieron del juicio y no se sintieron estafados.
Tras el nuevo fallo, el Juzgado Federal de Caleta Olivia deberá establecer, caso por caso, la diferencia entre los honorarios que la ley permitía cobrar y lo que efectivamente percibieron los acusados. Una vez completados esos cálculos, Mario Sotomayor y sus colaboradores volverán a ser citados para ampliar su declaración indagatoria en una causa que ya lleva más de siete años de trámite y que sigue bajo la lupa por el presunto perjuicio a un colectivo particularmente vulnerable: los jubilados.
