Telemedicina: piden anular una licitación  por incompatibilidades y vínculos con el exministro Ariel Varela, hombre de Claudio Vidal

El diputado Eloy Echazú denunció que la empresa oferente está integrada por Ariel Varela, exministro de Salud de Santa Cruz y hombre de confianza del gobernador Claudio Vidal, quien resultaría beneficiado directo con la licitación. Advirtió que el proceso “roza la corrupción” y no descartan acudir a la Justicia.

El diputado provincial Eloy Echazú solicitó la nulidad de la licitación para implementar el servicio de telemedicina en Santa Cruz, al advertir presuntas incompatibilidades legales y éticas en la participación de una empresa vinculada a exfuncionarios del Gobierno. La denuncia ya fue presentada en el ámbito administrativo y podría escalar a la Justicia si el proceso no se detiene.

Según explicó el legislador, la licitación impulsada por el Ministerio de Salud y Ambiente, estimada en más de 5.000 millones de pesos, incluye a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por una firma cuyos propietarios tendrían vínculos recientes con la función pública. En ese sentido, sostuvo que uno de los integrantes es Ariel Varela, quien se desempeñó como ministro de Salud de la provincia hasta hace menos de un año y es reconocido como un hombre de estrecha confianza del gobernador Claudio Vidal. De acuerdo a la normativa vigente, ese antecedente le impediría participar como proveedor del Estado, y Echazú señaló que Varela resultaría directamente beneficiado con la adjudicación del contrato.

“Hay una incompatibilidad clara desde la ley de ética pública y el código administrativo. Esto ya roza un grado de corrupción que hay que frenar”, afirmó Echazú, quien realizó la presentación junto a la diputada Agostina Mora.

El legislador también cuestionó los criterios de la licitación, al considerar que algunos requisitos —como la experiencia con más de un millón de pacientes— limitarían la competencia y dejarían afuera a empresas locales o regionales. A esto sumó críticas por la cercanía política entre los oferentes y el Ejecutivo provincial, lo que, según indicó, genera sospechas sobre la transparencia del proceso.

En paralelo, planteó que el monto destinado a la telemedicina podría utilizarse para reforzar el sistema de salud pública, actualmente afectado por la falta de profesionales. “Con ese dinero se podrían contratar médicos y fortalecer hospitales en lugar de tercerizar el servicio”, sostuvo.

La denuncia fue dirigida a la ministra de Salud, a quien responsabilizó por no haber detectado estas irregularidades. En caso de que la licitación avance, Echazú anticipó que recurrirán a la vía judicial para intentar frenar el proceso.

El planteo se da en medio de un contexto de crisis en el sistema sanitario provincial y tensiones políticas dentro del oficialismo, donde también comenzaron a surgir cuestionamientos internos sobre la gestión y las prioridades del Gobierno.