Por Unidad de Investigación.
Lo que comenzó como un modelo institucional pensado para equilibrar decisiones sensibles, hoy muestra señales de un desvío preocupante: la tierra pública en Caleta Olivia empieza a quedar bajo una sola mirada.
La Comisión Bidepartamental de Tierras, había sido concebida como un espacio de control cruzado. Un director técnico de carrera para garantizar criterios objetivos, dos representantes del Ejecutivo para sostener la planificación política y, fundamentalmente, dos concejales, en este caso, Facundo Velarde e Iris Casas: uno por la mayoría y otro por la minoría. Ese último punto no era decorativo. Era el corazón del sistema.
Pero en política, los equilibrios no solo se diseñan. También se sostienen.
El cambio que alteró el esquema fue la reciente reconfiguración del Concejo Deliberante, que introdujo una modificación clave: la concejal Iris Casas, que debía representar a la minoría dentro de la comisión, pasó a ser afiliada al partido SER Santa Cruz, desde el bloque Unión Por la Patria, compartiendo bases con el Presidente del cuerpo, Facundo Velarde, también afiliado al partido SER Santa Cruz.
El impacto es directo.
La minoría dejó de tener representación efectiva dentro del órgano.
Así, la comisión queda conformada, en términos reales, por dos representantes del Ejecutivo y dos concejales alineados políticamente, mientras que la figura técnica —aunque relevante— no alcanza a compensar ese desequilibrio.
El control desapareció sin que cambien las normas
No hubo necesidad de modificar ordenanzas ni reglamentos.
El diseño sigue siendo el mismo en el papel.
Pero en la práctica, el resultado es otro:
se diluyó el principal mecanismo de control interno.
Sin una voz opositora, desaparece la tensión que obliga a justificar decisiones, a revisar expedientes con mayor rigor y a transparentar criterios. Lo que queda es un esquema más ágil, sí, pero también más cerrado.
Y en materia de tierras fiscales, la agilidad sin control suele tener un costo alto.
¿Error o decisión?
La pregunta empieza a instalarse en el ámbito político y social:
¿se trata de un nuevo desacierto o de una decisión asumida?
Porque no es la primera vez que la gestión de tierras queda bajo cuestionamiento. Y cuando los mecanismos pensados para evitar errores pierden efectividad, la preocupación deja de ser técnica para volverse institucional.
Las mayorías absolutas pueden facilitar decisiones.
Pero rara vez garantizan decisiones mejores.
El riesgo de volver atrás, el objetivo original de la comisión era claro: evitar discrecionalidad, reducir conflictos y dar previsibilidad.
Hoy, ese objetivo entra en tensión.
Sin pluralismo real, el órgano corre el riesgo de transformarse en un espacio de validación antes que de deliberación. Y eso no solo afecta la calidad de las decisiones, sino también la confianza pública.
Porque cuando se administra un recurso que es de todos, como la tierra, no alcanza con que las decisiones sean legales: necesitan ser legítimas.
Una advertencia a tiempo
La situación aún es reversible.
Recomponer la representación de la minoría o incorporar mecanismos que restablezcan el equilibrio no es solo una opción política: es una necesidad institucional.
De lo contrario, la Comisión Bidepartamental de Tierras podría terminar funcionando… pero lejos de aquello para lo que fue creada.
Y en Caleta Olivia, eso no sería un detalle más. Otra vez, un problema conocido con un resultado previsible.
