EL RECORTE PRESUPUESTARIO DEJA SIN BECA AL 58% DE LOS ESTUDIANTES POBRES EN SANTA CRUZ

La crisis económica y el recorte presupuestario nacional han generado una cruda paradoja en Santa Cruz, donde el 58,2% de los estudiantes secundarios y universitarios por debajo de la línea de pobreza no reciben las Becas Progresar. La cobertura estatal alcanza a una fracción menor de la población vulnerable, dejando a la mayoría de los alumnos desprotegidos ante el riesgo de abandono escolar debido al endurecimiento de los filtros administrativos.

El escenario social de la provincia cambió de forma drástica, con una desocupación que se triplicó hasta alcanzar casi el 10% y el 17% del empleo privado formal destruido. A pesar de los altos índices de pobreza regional, muchos estudiantes quedan excluidos por el límite de ingresos familiares, mientras que el monto de la beca, congelado en 35.000 pesos, perdió más del 40% de su poder adquisitivo. Esta falta de apoyo, sumada a la pobreza que afecta a más del 30% de los jóvenes patagónicos, acelera la deserción estudiantil, forzando a los alumnos a insertarse en empleos informales.

El recorte presupuestario de la Secretaría de Educación impactó directamente en el congelamiento del monto mensual de la beca, la reducción del presupuesto real universitario y la caída de la inversión en infraestructura escolar y ciencia. Las transferencias nacionales a universidades públicas registraron una caída acumulada cercana al 45% en términos reales, forzando a diversas casas de estudio a racionar energía, reducir bandas horarias de cursada y suspender subsidios internos de comedor, mientras que el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) sufrió una reducción del financiamiento real proyectado cercano al 93% en comparación con los niveles históricos de inversión. Además, mediante el Decreto 888/2024, el Gobierno nacional disolvió el Fondo Fiduciario Progresar, quitando flexibilidad financiera y consolidando el techo encubierto de cupos para contener el gasto público.

El abandono forzado de las aulas compromete de forma directa el futuro estructural de la región, ya que la falta de educación condena a las próximas generaciones a la informalidad y anula la posibilidad de movilidad social. Sin la formación de nuevos profesionales, ingenieros o técnicos locales, la provincia pierde su capacidad de desarrollo independiente, consolidando un modelo donde los sectores vulnerables quedan relegados por la falta de herramientas críticas. Quienes advierten las consecuencias a largo plazo denuncian que vaciar las aulas y frenar el conocimiento es la estrategia más efectiva para mantener a una población dócil y sin capacidad de reclamo frente a la desigualdad reinante.