Reino Unido informó oficialmente que la perforación en el megaproyecto petrolero Sea Lion comenzará el 21 de marzo de 2027 y que la etapa de extracción comercial arrancará en marzo de 2028. Sea Lion es una iniciativa de explotación petrolera offshore ubicada a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en la Cuenca Malvinas Norte. El yacimiento, descubierto en 2010, es impulsado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, generando una fuerte disputa diplomática y legal con Argentina.
Con ese calendario sobre la mesa, la defensa británica sostuvo ante los estrados internacionales que no existe un riesgo inminente que justifique frenar de inmediato las tareas preparatorias antes de que se constituya el Tribunal Arbitral del Anexo VII, y acusó a la Argentina de no oponerse a la explotación petrolera en sí misma, sino de pretender apropiarse del control de esa renta energética.
En sincronía con el cierre de las audiencias, la princesa Ana transita su estadía oficial en el archipiélago hasta el viernes 20, período en el cual se realizan ejercicios militares y exhibición de fuerza. Así, mientras en los estrados internacionales la diplomacia argentina debe lidiar con el costo de las propias declaraciones presidenciales aprovechadas por los abogados de Londres, el dispositivo británico en el Atlántico Sur combina el avance cronometrado de las plataformas petroleras con la ostentación militar y monárquica en el corazón del territorio usurpado.
El conflicto jurídico se vió condicionado por declaraciones públicas del presidente Javier Milei. Durante su discurso en la Cumbre Iberoamericana de Madrid la semana pasada, el mandatario vinculó directamente el litigio por Sea Lion con el reclamo histórico de fondo al afirmar que estas decisiones responden al objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Londres tomó esa frase, que además reproduce la fórmula diplomática foránea y no la manda constitucional, para sostener que Buenos Aires confiesa una motivación territorial detrás de su presentación cautelar.
A esto se sumó otro flanco cuando los abogados del Reino Unido citaron la intervención de Milei en septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde descalificó al organismo multilateral tachándolo de una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos. El señalamiento apuntó a exponer una contradicción flagrante al evidenciar que el Gobierno argentino acude a reclamar tutela urgente ante un tribunal creado precisamente por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, tras haber deslegitimado en público el sistema institucional que le da sustento.
Frente a la postura de la representación británica, sintetizada en las palabras de Reeves al señalar que la Argentina busca escalar políticamente el caso y que dicho tribunal no tiene poder para intervenir, la delegación nacional integrada por Kohen y Oyarzábal intentó sostener los principios de que la tierra domina al mar y que este caso no se trata de la soberanía sobre las islas. Sin embargo, la falta de cautela y sensatez a la hora de realizar declaraciones gubernamentales vuelve a colocar al país en una posición, por lo menos, en desventaja.
Malvinas: Londres avanza con la extracción de petróleo en Sea Lion y utiliza declaraciones de Milei en tribunales internacionales






