En diálogo con el programa Vamos que venimos de Radio 21, el legislador provincial por la Cuenca Carbonífera, Carlos Godoy, analizó el polémico decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal. La medida exceptúa de la normativa vigente la venta de tierras fiscales ubicadas en la zona de Península Magallanes —frente al Glaciar Perito Moreno— para la concreción de una inversión privada.
Tras la inasistencia del presidente del Consejo Provincial Agrario, Hugo Garay, a la Legislatura provincial, el Poder Ejecutivo remirió un expediente administrativo de 478 fojas. Sobre este documento, Godoy advirtió sobre graves irregularidades técnicas y normativas, señalando que los elementos presentados corresponden a proyectos anteriores y no sustentan legalmente la decisión actual.
Según detalló el diputado Godoy durante la entrevista radial, los informes de impacto ambiental adjuntos datan de junio y julio de 2023. Al respecto, el legislador aclaró que “los diferentes trabajos de impacto ambiental tienen que ver con esa intención en su momento del 2023 […] pero no tiene nada que ver con la nueva iniciativa que lleva adelante esta firma creada en julio de este año, de esta sociedad anónima unipersonal”. Asimismo, el expediente revela que los propietarios privados ofrecieron vender los terrenos al Estado provincial por un monto de 3 millones de dólares, opción que la administración provincial descartó al considerar que no era una prioridad de su gestión en ese momento, priorizando así la habilitación del emprendimiento privado. A esto se suma que el decreto fue suscripto el 1 de septiembre, pero su publicación en el Boletín Oficial se demoró hasta el 22 del mismo mes, dejando sin información previa a la comunidad de El Calafate y a la Legislatura.
La controversia cobra mayor gravedad al tratarse de un área protegida y estratégica en zona de frontera. Al ser consultado sobre el marco legal y la localización geográfica del terreno, el diputado remarcó que “esto es zona limítrofe con Chile […] obviamente toda esa zona ya delimita con el país vecino y tiene ese peso a la hora de tomar diferentes definiciones”. Del mismo modo, sostuvo que la operación colisiona con el porcentaje legal permitido para la venta de inmuebles a extranjeros en Santa Cruz, advirtiendo que “el 20% ya está cubierto, tampoco en ese aspecto lo podría hacer”.
Ante lo que considera una vulneración del orden constitucional y ambiental, el legislador no descartó apelar a las máximas herramientas institucionales de la Cámara de Diputados. Godoy afirmó que “coincido 100% con tu apreciación […] puedo manifestar y estoy convencido de que esto corresponde a un juicio político hacia el gobernador, pero lo que necesitás es el consenso de las manos en la Cámara de Diputados”. El bloque parlamentario impulsará una sesión extraordinaria, exigirá la realización de una audiencia pública en El Calafate y analiza acudir a la Justicia para frenar la transferencia de las tierras.
