El intendente de Río Gallegos planteó la necesidad de generar herramientas para refinanciar deudas de consumo y proteger los ingresos de trabajadores endeudados. La iniciativa propone créditos con condiciones especiales, límites a los descuentos salariales y asistencia jurídica gratuita.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, participó de la presentación de un proyecto que busca crear en Santa Cruz un Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal, destinado a personas que atraviesan situaciones de mora y dificultades para afrontar compromisos financieros.
“La plata no alcanza, el dinero cada vez vale menos. De acá sale el proyecto de desendeudamiento para que tenga todas las modificaciones que sean necesarias”, sostuvo Grasso durante la presentación.
El jefe comunal explicó que la propuesta fue trabajada junto a un equipo de abogados y señaló que uno de sus objetivos es generar herramientas para proteger los ingresos de los asalariados frente al creciente nivel de endeudamiento.
El proyecto fundamenta la iniciativa en la necesidad de reemplazar deudas de alto costo financiero por mecanismos de refinanciación más accesibles y sostenibles, particularmente para quienes mantienen obligaciones por tarjetas de crédito o préstamos personales y se encuentran en situación de vulnerabilidad financiera.
Créditos y límites a los descuentos
Entre los principales puntos, el proyecto establece que el Banco Santa Cruz deberá incorporarse al programa, mientras que otras entidades financieras podrán adherir voluntariamente mediante incentivos fiscales.
Las líneas de refinanciación previstas tendrían una tasa nominal anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 cuotas mensuales.
Además, se propone que los descuentos vinculados a las deudas contempladas por el régimen no puedan superar, en conjunto, el 30% de la remuneración bruta mensual de los agentes públicos provinciales. En los casos donde actualmente se exceda ese porcentaje, deberán reliquidarse las retenciones y reprogramarse las obligaciones pendientes.
Otro de los ejes es la creación de un Registro de Abogados y Abogadas Patrocinantes, destinado a brindar asistencia jurídica gratuita a los beneficiarios que necesiten reclamar frente a descuentos excesivos o incumplimientos en las condiciones de refinanciación.
Un proyecto abierto a modificaciones
Grasso aclaró que la presentación busca funcionar como una base para continuar trabajando sobre el alcance definitivo de la iniciativa.
“Es una presentación formal para ir construyendo juntos. Lo que falta en el proyecto es la materia comercial, sobre cómo podemos incluirla y que no sean exclusivamente voluntades particulares sino generales, para que el banco pueda dar préstamos flexibles y se puedan incluir las tarifas”, explicó.
De esta manera, uno de los aspectos que podría incorporarse durante el tratamiento es la situación de deudas comerciales y obligaciones vinculadas a servicios y tarifas, ampliando el alcance previsto inicialmente para tarjetas de crédito y préstamos personales.
La propuesta también contempla mecanismos de seguimiento y control, una ventanilla única para tramitar las refinanciaciones y la obligación de reglamentar el régimen dentro de los 60 días posteriores a una eventual sanción.
Grasso presentó un proyecto de desendeudamiento para familias de Santa Cruz
