En lugar de reconocer las dificultades de su gestión, el gobernador Claudio Vidal optó por un discurso de confrontación directa contra la oposición.
Tras la asunción de Sebastián Giorgión como su nuevo ministro de Desarrollo Social, el mandatario aprovechó la ocasión para lanzar duras acusaciones, afirmando que existe “una decisión política de no dejarnos gobernar” y calificó el freno al tratamiento de su Ley de Emergencia como “totalmente antidemocrático”.
Sus declaraciones revelan más impotencia que autoridad, mostrando a un gobernante incapaz de reestablecer diálogos en lugar de recurrir a la victimización, lejos de la zona de confort que le proporciona su Jefe de Gabinete, Pedro Luxen, al no permitirle asomarse del clima hostil que vive Santa Cruz y rodearse de “los amigos del campeón”.
El gobernador justificó su necesidad argumentando que debe poder solicitar “un adelanto de coparticipación o un crédito” para garantizar el funcionamiento del Estado. Sin embargo, lo que plantea como una herramienta de gestión suena a un cheque en blanco que desde los bloques de la Legislatura, en su rol de control, se niegam a firmar. Al calificar esa resistencia como un intento de “generar caos”, Vidal revela su verdadera concepción del poder: gobernar sin límites ni controles.
En su intento por desacreditar a quienes se oponen a sus políticas, el gobernador también embistió contra los sectores gremiales. Sin presentar ninguna prueba, sugirió que “hay gremios que están siendo utilizados o reciben algún tipo de favor”, una acusación grave que busca deslegitimar el derecho a reclamo de los trabajadores estatales. Más aún cuando el propio Vidal reconoció que “este año es complejo” en materia salarial, admitiendo tácitamente que los trabajadores enfrentan un escenario de dificultades que él mismo no puede garantizar resolver.
Las contradicciones del discurso de Vidal se profundizan cuando intenta desligar su responsabilidad de la crisis provincial. Por un lado, aseguró que durante 2024 y 2025 los aumentos superaron la inflación, pero por otro lado justificó su necesidad de una ley especial por “la situación difícil” del contexto económico. Además, buscó refugio en explicaciones externas al mencionar “decisiones judiciales” y el impacto nacional, un recurso que ya resulta cansino en un Mandatario ya desgastado, que siempre encuentra culpables fuera de su propio escritorio.
Lo más grave de las declaraciones de Vidal es la amenaza velada con la que cerró su mensaje: “Vamos a seguir adelante cueste lo que cueste”. Esa frase, lejos de transmitir firmeza, revela la actitud de un gobierno dispuesto a profundizar la confrontación antes que a construir consensos. Santa Cruz necesita un gobernante que dialogue, no que dicte; que asuma sus errores, no que invente enemigos. Pero Vidal parece decidido a seguir por el camino de la soberbia, dejando a la provincia rehén de su incapacidad para gobernar sin tener todas las facultades concentradas en sus manos.
