La DDI incautó más de 400 caños tubing durante un allanamiento en un predio de Caleta Olivia, en una controvertida intervención judicial. Los propietarios aseguran que el material fue adquirido legalmente en una subasta de PanAmerican Energy (PAE) en 2020 y presentaron documentación que respalda su propiedad, pero la justicia ordenó el secuestro igualmente.
El operativo se realizó por orden del juez Quelin, de Las Heras, aunque hasta el momento no se ha difundido públicamente el fundamento legal que motivó la medida. Fuentes cercanas al caso indican que la investigación podría estar vinculada a una presunta irregularidad en la procedencia del material, aunque los afectados insisten en que cuentan con facturas y registros de la subasta.
Los propietarios del predio allanado aseguran que los caños tubing son de su legítima propiedad y forman parte de un lote comprado a PAE hace cuatro años.
El caso ocurre en un contexto de mayor control de activos de la industria petrolera en Santa Cruz, donde en el último tiempo, con la ida de YPF, hubo conflictos por maquinaria y materiales vinculados a la industria hidrocarburífera.
