La Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Río Gallegos exigió al Ministerio de Desarrollo Social Igualdad e Integración que aplique las políticas sociales de asistencia con la debida perspectiva de Género.
La jefa del Departamento de Violencias y Promoción de Derechos, Andrea Parolin, denunció que “la provincia, desde sus instituciones y equipos de gestión le está dando la espalda a las mujeres que necesitan ayuda en contextos de violencia y necesidad social”.
La funcionaria de la Dirección de Políticas de Género, dependiente de la Secretaría de Gobierno local, manifestó que “el estado de situación de algunas mujeres y sus familias es crítico, y si no se logran activar todos los sistemas de protección de manera efectiva y oportuna, quedan desprotegidas en sus intentos de una vida sin violencia”.
Parolín sostuvo que ven con preocupación “las respuestas administrativas y burocráticas que las mujeres reciben cuando piden ser incorporadas a programas de asistencia social de emergencia. La falta de atención directa, la no realización de visitas y entrevistas sociales, las asistencias económicas que no cubren montos de alquiler y/o alimentación y, por último, y de mucha gravedad, la violencia institucional a la que son sometidas cuando reclaman el cumplimiento de sus derechos”.
Las declaraciones de la jefa departamental se dan porque recientemente, la Dirección tuvo que llevar adelante reclamos por alimentos en mal estado entregados por el Ministerio a mujeres en situación de violencia.
Esto se suma a que la Dirección también debió tramitar, más de una vez, ante la Justicia, que ordenara al Ministerio a cumplir con su obligación de asistir a mujeres que llegaron al punto de ser desalojadas por la provincia de hoteles en los que se encontraban junto a infancias.
“Hemos activado todos los canales existentes para solicitar al Ministerio atienda a mujeres y sus familias sin hogar, o familias sin servicios, pero no han contestado llamados, ni notas, ni recibido a las mujeres, mucho menos las han llamado. Hemos llegado al punto de tener que presentar denuncias por incumplimiento de medidas judiciales que indicaban abordar grupos familiares”.
Vale recordar que el año pasado, advirtiendo que el Estado Provincial retiraba la inversión social para abordar la violencia por motivos de género, el intendente Pablo Graso dispuso una alternativa de protección y acompañamiento de estas situaciones mediante un equipo de guardia de 24 horas, con resguardo habitacional y cobertura alimentaria de emergencia, atención psicológica y asesoramiento administrativo y legal.
“Nosotros somos un municipio y abordamos lo que nos compete, pero no vamos a dejar de reclamar la inversión por parte del Estado Provincial ni a avalar que omita cumplir con su responsabilidad de garantizar derechos alimentarios, energéticos y habitacionales”, insistió la funcionaria, reclamando además que Desarrollo actúe “con la debida diligencia para resolver las problemáticas sociales urgentes, evitando las prácticas burocráticas, los abordajes fragmentados, la revictimización y la violencia institucional que ejercen”.
