Las negociaciones entre YPF, el Gobierno Nacional y la provincia de Santa Cruz han marcado un proceso clave en 2024, pero el tiempo se agota. En un intento por desvincularse de los yacimientos maduros de la región, la petrolera estatal tiene como objetivo cerrar el traspaso de la operación en las próximas tres semanas, en medio de una gran incertidumbre sobre el impacto económico y social en la provincia.
Ante la decisión de Claudio Vidal de no prolongar la estadía de la operadora en Santa Cruz, se estima que este proceso podría implicar la salida de unos 2.800 a 3.000 trabajadores, agudizando la situación luego de ignorar esta agenda durante el último año. Si bien comienza a mostrar signos de preocupación, ya que cedió en algunos puntos en las negociaciones, las garantías son pocas a la hora de evitar un colapso en la producción petrolera y la caída de los ingresos fiscales, ya comprometidos por la reducción de la actividad en la Provincia.
Además, el traspaso de los campos a nuevos actores, como la Compañía General de Combustibles (CGC), se presenta como una medida para “aliviar” esta transición, pero no está exento de riesgos y el resguardo es poco significativo. La empresa del amigo del Gobernador, Eurnekian, lidera las negociaciones junto con otros actores privados, con el objetivo de evitar que el retiro abrupto de YPF cause un caos en la producción, que ya afecta a toda la cadena productiva del sector en la zona.
Cuánto pagará YPF: la duda entre empresarios interesados en las áreas
Hasta ahora ha trascendido la propuesta de parte de la operadora, que para agilizar la optimización del costo operativo puso a disposición un plan de retiros voluntarios, por el que ofrece indemnizaciones del 100% más un 20% adicional, en una propuesta que tendrá vigencia hasta el 31 de enero. Empresas que están participando de las negociaciones dijeron que no está del todo claro si la compañía de bandera garantizará la totalidad de esos programas de retiro.
“No son claros”, dijo un empresario, con relación a los términos de lo conversado entre referentes de la operadora y las empresas interesadas en quedarse con las áreas, con relación al pago de la indemnización para los aproximadamente 2.800 a 3.000 trabajadores que se desvincularán del sector. Esto incluye no solo a los petroleros de base, sino también a jerárquicos, camioneros y UOCRA. “No hay una garantía concreta sobre las indemnizaciones”, apuntó uno de los empresarios para reflejar el clima de las negociaciones en las últimas horas.
La presión de los tiempos y la complejidad de los acuerdos podrían generar traspiés en este proceso. La incertidumbre sobre las indemnizaciones, la falta de claridad en los detalles y el impacto en el empleo ponen en evidencia los riesgos que enfrenta Santa Cruz ante el desmantelamiento de una parte importante de la operación de YPF en la región. La transición deja en el aire el futuro de miles de trabajadores y la estabilidad económica de la provincia.
