De acuerdo con un informe realizado por Mumalá, entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2024, Argentina ha registrado un total de 146 femicidios, lo que equivale a un femicidio cada 40 horas. En este período también se documentaron 361 intentos de femicidio. Se ha observado un incremento del 10% en los femicidios en comparación con agosto de este año.
El informe, que se basa en el análisis y monitoreo de medios digitales, gráficos, buscadores, sistemas de alertas, y portales especializados en género y derechos humanos, destaca que la reciente reducción de fondos para el Programa Acompañar y la nueva exigencia de denuncia previa para acceder a la asistencia han intensificado la crisis. Solo el 14% de las víctimas de femicidios había realizado una denuncia previa, en contraste con el 20% durante el mismo período en 2023.
Desde el inicio del mandato presidencial de Javier Milei, se ha evidenciado un preocupante retroceso en las políticas públicas relacionadas con los derechos de género. La institucionalidad en esta área se ha debilitado considerablemente, afectando el acceso a información y a derechos fundamentales para mujeres y diversidades.
A nivel nacional, la tasa de femicidios es de 0,6 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, Santa Cruz se ubica entre las provincias con mayores tasas, con un índice de 1,2, solo superado por Chaco, que tiene una tasa de 1,7.
Victoria Aguirre, vocera nacional de Mumalá, expresó: “Es alarmante que solo el 14% de las víctimas haya presentado denuncias previas antes del femicidio. Este dato pone de manifiesto el desfinanciamiento de los programas y el desmantelamiento de las líneas de asesoramiento para la prevención y erradicación de las violencias por motivo de género.”
Además de los femicidios, se han reportado 9 muertes violentas asociadas al género, 24 muertes violentas bajo investigación, 13 feminicidios vinculados con narcotráfico y crimen organizado, y 6 suicidios feminicidas. Esta situación ha dejado a 135 niños y niñas sin sus madres.
Es crucial que el gobierno nacional reevalúe sus decisiones sobre el desfinanciamiento o eliminación de políticas públicas que fortalecen los derechos de las mujeres y diversidades. La falta de acción solo perpetúa la violencia y pone en mayor riesgo a las mujeres, especialmente en tiempos de crisis económica.
