La iniciativa busca que intendente, concejales y funcionarios de gabinete acrediten mediante certificados que no consumen drogas o abusan del alcohol.
Con el argumento de garantizar la idoneidad y la integridad de los funcionarios públicos, el edil de Pico Truncado, Carlos Moron, presentó un proyecto que establece la obligatoriedad de realizar pruebas de detección de drogas y alcohol a todos los ocupantes de cargos públicos electivos y designados en la municipalidad.
La medida alcanzaría a intendente, concejales, jefes de departamento, directores, secretarios y personal legislativo con cargos.
Según el texto del proyecto, el objetivo es “proteger la salud y la seguridad pública, así como la confianza ciudadana en las instituciones”. Para ello, se propone “establecer la obligación de presentar certificados que acrediten la ausencia de consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como de dependencia o abuso de bebidas alcohólicas”.
Modalidad y frecuencia de los exámenes
La ordenanza detalla un estricto protocolo para la realización de los controles:
· Al asumir el cargo: El examen será obligatorio para todos los funcionarios.
· Controles periódicos: Se realizarán anualmente para todos, y de forma aleatoria cada tres meses sobre una muestra representativa.
Metodología y sustancias detectadas
El certificado negativo se expedirá tras un “test de inmunoensayo para detectar la presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales en orina”, emitido por bioquímicos. El método específico será un test de “screening” en orina. En caso de resultado positivo, este deberá ser confirmado con el método de referencia de “Cromatografía de gases asociado a espectrometría de masa”.
Las pruebas deberán detectar, entre otras, las siguientes sustancias no prescriptas:
· Cocaína y derivados.
· Marihuana y derivados.
· Opiáceos.
· Anfetaminas y metanfetaminas.
· Alucinógenos y drogas sintéticas.
Consecuencias de un resultado positivo
El proyecto establece las siguientes sanciones:
1. Contraprueba: El funcionario con resultado positivo podrá solicitar una nueva prueba en un plazo de 48 horas, acompañado por un perito de su elección.
2. Confirmación: Si la contraprueba confirma el resultado, para un funcionario designado será “causal de cese en la función pública”. Para un funcionario electo (como un concejal o el intendente), se ejecutará “la suspensión o la revocación del mandato” siguiendo el procedimiento de la Constitución Provincial.
3. Negativa a realizarlo: La negativa a someterse al examen “se considerará equivalente a un resultado positivo”, aplicándose la misma sanción.
El texto aclara que durante todo el proceso, el funcionario “tiene el más amplio derecho de defensa y gozará de todas las garantías constitucionales”.
Con información de TruncadoInforma.com
