Nación acelera el camino hacia la privatización de las jubilaciones con recortes en Anses

La gestión de los “Sturzenegger Boys”

A través del desfinanciamiento y la reducción de personal, La Libertad Avanza busca consolidar el relato de una “crisis terminal” del sistema previsional que justifique su transformación.

Después de conseguir la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, el Ejecutivo se prepara para dar el siguiente paso: la privatización del sistema jubilatorio. Para sostener esta iniciativa, una de las estrategias centrales es debilitar operativamente a la Anses. En esa línea, se comunicó a los empleados la puesta en marcha de un plan de retiro voluntario orientado a disminuir la cantidad de trabajadores en el organismo.

Según lo publicado en el Boletín Oficial, podrán acogerse al retiro aquellos empleados con al menos dos años de antigüedad. La norma aclara que la adhesión es “completamente voluntaria” y quedará sujeta a la evaluación de la Anses, sin que la solicitud implique un derecho automático a obtener el beneficio.

La Dirección General de Recursos Humanos será la encargada de autorizar los modelos de acuerdo de desvinculación, que deberán formalizarse ante la autoridad laboral. Además, se facultó a los apoderados del organismo para intervenir en instancias de conciliación laboral obligatoria.

Entre el retiro y la hostilidad laboral

El Sindicato de Trabajadores de la Anses (Secaspfi) respondió con dureza: “Mientras pedimos paritarias y mejora salarial, el gobierno ofrece retiros ‘voluntarios’. Reclamamos sueldos dignos, mientras funcionarios hacen uso del Estado para privilegios y gastos ajenos a las necesidades populares, como viajes familiares”.

Y añadieron: “Quieren hacer pasar esto por voluntario, pero es parte de una estrategia de desgaste económico y emocional para forzar decisiones que en condiciones normales no se tomarían”. No es la primera medida contra los trabajadores.

En los pasillos del organismo crece el malestar con los denominados “Sturzenegger Boys”, colaboradores del ministro de Desregulación. Entre ellos figura Alejandro Tamer, hombre cercano a Federico Sturzenegger, denunciado por grabar a empleados en la oficina de San Martín mientras mantenía una actitud intimidante.

Tamer, que suele presentarse acompañado por Valentín Spialtini, director nacional de Racionalización del Estado, encabeza auditorías paralelas que generan preocupación entre el personal. Se especula con que estas acciones profundicen el desmantelamiento del organismo, allanando el terreno para una reforma previsional.

Ajuste previo a la reforma

La reciente reforma laboral redujo las contribuciones patronales: del 27% al 26% para grandes empresas y al 24,5% para pymes, mientras que la carga total sobre el salario bruto bajó del 44% al 43% y al 41,5%, respectivamente. Esto implica un recorte en los fondos destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que financia las jubilaciones públicas.

Con menos recursos y personal, el gobierno busca instalar la idea de un sistema colapsado. Paradójicamente, ese colapso sería consecuencia de las propias políticas implementadas.

Milei se comprometió con el FMI a impulsar una reforma previsional como parte del ajuste fiscal. Durante 2024, circularon borradores en ámbitos judiciales con propuestas basadas en estudios del FMI, el Banco Mundial, la OIT, la OCDE y la Fundación Mediterránea–IERAL, similares a las que intentó Macri en 2017 sin éxito por el rechazo social.

Osvaldo Giordano, ex titular de la Anses y actual presidente del IERAL, adelantó algunos lineamientos: a los 65 años, todos recibirían un ingreso similar a la PUAM, más un complemento proporcional a los aportes mediante un sistema de “cuentas nocionales”. También sugirió ajustar la edad jubilatoria según la evolución demográfica.

Entre los cambios más controvertidos se evalúa llevar la edad de retiro a 70 años para ambos sexos, con un aumento progresivo desde 2027 hasta 2030. De implementarse, Argentina tendría una de las edades jubilatorias más altas del mundo, superando incluso a Dinamarca, que recién alcanzará ese umbral en 2040.

El debate sobre la tasa de sustitución

Un aspecto central de la reforma es la tasa de reemplazo, que indica qué porcentaje del último salario cubre la jubilación. Actualmente, se calcula con un 1,5% por año aportado (mínimo 30 años) sobre el promedio de los últimos diez años de trabajo, más una prestación fija (PBU) que favorece a los ingresos más bajos.

Si se extendiera el cálculo a los 30 años de aportes, se considerarían salarios más bajos del inicio de la carrera, lo que reduciría el haber final. Esto podría incentivar a trabajadores de mayores ingresos a optar por sistemas privados de ahorro, con participación de entidades financieras.