El presidente del Concejo Deliberante, Facundo Belarde, impulsa una reforma del Código de Faltas que eleva las multas a quienes realicen transporte sin habilitación a montos millonarios. Sin embargo, la medida ignora el devastador contexto provincial: 10,6% de desempleo y más de 5000 despidos en el sector petrolero, mientras cientos de trabajadores informales recurren a estas plataformas para no caer en la pobreza.
Mientras Belarde celebra junto a taxistas y remiseros el endurecimiento de las sanciones contra los denominados “Uber truchos”, la realidad en las calles de Caleta Olivia pinta un cuadro muy diferente. La iniciativa, que reestablece multas, que antes eran de $160.000, y ahora van desde $1.500.000 hasta $3.600.000, no solo resulta inaplicable para un trabajador desempleado, sino que expone una decisión política que prioriza el “negocio de unos pocos” por sobre el contexto de alto desempleo que atraviesa la Provincia, más en la Zona Norte.
¿Cual es la necesidad de perseguir en medio de la crisis?
El propio discurso de Belarde cae en una contradicción de base. Afirma que se busca frenar la “competencia desleal” y que ni siquiera se permitirá el desembarco formal de aplicaciones como Uber. Sin embargo, en una provincia con más de 5.000 despidos en el sector petrolero (histórico motor económico de la región) y una tasa de desempleo que supera el 10%, llamar “trucho” a quien ofrece un servicio de transporte por redes sociales o mensajería es, como mínimo, una falta de empatía y desconexión de la realidad de los vecinos.
Para esos ex trabajadores formales, que quedaron fuera del sistema, manejar su propio auto no es un “negocio ilegal”, sino la última tabla de salvación. Criminalizar esa supervivencia con multas imposibles de pagar no es ordenar el tránsito, es empujar a las familias a una situación aún más vulnerable.
Belarde justifica la medida en un reclamo “sostenido del sector formal”. Pero el concepto de “competencia desleal” se vuelve difuso cuando la oferta formal no logra cubrir la demanda ni absorber a los trabajadores expulsados del mercado laboral.
Los taxistas y remiseros tienen costos de habilitación, seguros e impuestos. Pero la solución no puede ser aplastar a quien, desesperado, ofrece un viaje a un precio menor porque no tiene esas cargas. La solución sería generar condiciones para que más trabajadores puedan formalizarse, no cerrarles la puerta con una multa que ronda los 3 millones y medio de pesos.
El “efecto dominó” de la persecución
El temor que se desliza en el análisis es que esta lógica se extienda. Si hoy se persigue al “Uber trucho” con multas siderales, ¿mañana será el vecino que vende pan casero por WhatsApp? La figura del “trabajador informal” es demonizada, cuando en contextos de recesión y desempleo estructural, la informalidad no es una elección, sino el único refugio posible.
Tapar el sol con un dedo
Facundo Belarde puede conseguir la aprobación de esta ordenanza en el corto plazo. Podrá incluso aplicarla y sacar de circulación a algunos conductores. Pero lo que no hará es generar un solo puesto de trabajo formal. La medida es un parche autoritario que confunde al responsable de la crisis (la falta de empleo genuino) con la víctima (el trabajador que se la rebusca).
En lugar de usar el Concejo Deliberante para diseñar políticas de inserción laboral o acuerdos con plataformas para una regulación accesible, se elige el camino más fácil: la multa, el autoritarismo. Así, la gestión de Belarde queda del lado de los que protegen su negocio, y no del lado de los 5.000 petroleros despedidos, quienes en algún momento fueron compañeros del propio Belarde, que hoy intentan sobrevivir detrás de un volante.
