El Poder Ejecutivo ordenó proteger al diputado acusado de abuso, Fernando Españón, cuyo desafuero fue solicitado por la Justicia. Sin embargo, los legisladores de SER, mayoría en la Cámara, se han negado sistemáticamente a liberarlo de los fueros, paso indispensable para que pueda ser investigado por graves delitos, entre ellos corrupción, ataque a la dignidad de las personas y abuso sexual en tres oportunidades.
En la última sesión ordinaria del 26 de junio/25, previa al receso legislativo, la oposición volvió a insistir con el tratamiento del pedido presentado el 7 de febrero por la legisladora Lorena Ponce, el cual nunca tuvo respuesta favorable del oficialismo.
Una vez más, el bloque del SER, junto al presidente de la Cámara Fabián Leguizamón, los dos diputados del peronismo pragmaticos (Los Antiguos y Perito Moreno) y el diputado Pedro Luxen—aliado de Claudio Vidal—, bloquearon el debate, siguiendo la línea del Gobernador, quien decidió sostener a Españón “cueste lo que cueste”.
135 días sin avances: de los tres pedidos de desafuero enviados por la Justicia, ninguno ha sido habilitado. De no tratarse antes de los 180 días, el proceso caería, dejando a Españón libre de toda investigación penal, según el Código de Procedimiento provincial.
SER usa su mayoría en las comisiones para impedir el desafuero, esgrimiendo “tecnicismos” y falacias jurídicas, e incluso justificándose en que “el kirchnerismo no tiene moral para exigir” lo que ellos mismos habrían vulnerado. Con este débil argumento, el gobierno provincial niega a la Justicia la posibilidad de investigar al diputado.
A 130 días del primer pedido de desafuero, el gobierno de Claudio Vidal y sus diputados han blindado a Españón, demostrando que no quieren que sea investigado. De haber responsabilidad institucional, deberían priorizar la transparencia y la confianza ciudadana de cara a 2027, cuando buscarán revalidar su éxito electoral.
