Darío Menna y Aldo Aravena manifestaron su repudio al decreto del Gobierno nacional que dispone la disolución del organismo vial. Señalaron que se trata de un nuevo capítulo del ajuste y una amenaza directa a la conectividad y la soberanía.
Los intendentes de las localidades santacruceñas de Río Turbio y 28 de Noviembre, Darío Menna y Aldo Aravena respectivamente, expresaron su “más enérgico repudio” a la decisión del gobierno nacional de disolver Vialidad Nacional, un organismo histórico con más de nueve décadas de trayectoria y más de 5.000 trabajadores distribuidos en todo el país.
En un pronunciamiento conjunto, ambos jefes comunales advirtieron que el decreto impulsado por el presidente Javier Milei “en nombre de una supuesta reorganización administrativa busca eliminar organismos clave para el desarrollo federal”, y lo calificaron como “otro capítulo del brutal ajuste sobre quienes trabajan y sostienen la Argentina real”.
“Vialidad Nacional no es un gasto: es soberanía, es conectividad, es presencia del Estado en cada rincón del país”, señalaron, y destacaron el rol estratégico que cumple el organismo, especialmente en regiones como la Patagonia.
Función esencial en climas extremos
Menna y Aravena remarcaron que en zonas como el sur argentino, donde las condiciones climáticas son extremas durante el invierno, la presencia activa del Estado es indispensable. “Vialidad cumple una función estratégica e irremplazable. Gracias a sus equipos, el abastecimiento, la circulación de emergencias y el tránsito cotidiano de las comunidades son posibles incluso en los meses más duros del invierno”, indicaron.
Desde su visión, desmantelar la estructura operativa que permite sostener esa tarea “es un acto de crueldad política” y representa “una muestra más del desprecio hacia el federalismo, hacia los trabajadores y hacia las necesidades reales del pueblo argentino”.
Además su solidaridad con los empleados viales afectados por la decisión: “Nos solidarizamos con cada trabajador y trabajadora vial que hoy ve su futuro desvanecerse por el capricho de un gobierno que prioriza el Excel antes que la dignidad”.
Afirmaron que sus comunidades están acostumbradas al esfuerzo y la lucha, y que no aceptarán pasivamente la pérdida de derechos ni el desmantelamiento del Estado: “Basta de ajustar a quienes trabajan. Basta de destruir lo que a los argentinos tanto nos costó construir”.
Por último, ratificaron su compromiso con un modelo de Estado presente y federal: “Seguiremos defendiendo el rol del Estado como garante de derechos, de equidad territorial y de justicia social. Y lo haremos junto a cada trabajador, junto a cada vecino, junto a cada comunidad que no está dispuesta a resignar ni un solo derecho”.
