La policía desalojó por la fuerza la protesta por jubilaciones dignas. El Gobierno justificó la violencia y dijo que seguirá reprimiendo a “cualquiera, sin importar su condición”. “De pegarle a un jubilado no se vuelve”, dijeron desde UxP. Preparan una gran marcha para el 20 de septiembre.
La Policía Federal desalojó con gases lacrimógenos y palazos la protesta de un grupo de jubilados que este miércoles volvieron a manifestarse porque no les alcanza para vivir y en rechazo al inminente veto de Javier Milei a la ley de movilidad. “Nos cagaron a palos. Nos tiraron gases lacrimógenos en la cara, fue una locura”, describió Rogelio en diálogo con Página/12 la represión que sufrieron él y sus compañeros de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL) cuando intentaron armar una fila frente al Congreso con sus carteles y banderas que denunciaban el desguace del sistema previsional. La violencia, relató, la desataron los propios efectivos, “como si estuvieran buscando la foto de los golpes, porque le quieren decir a la sociedad que nadie puede protestar, no importa ni siquiera que seas un jubilado de la mínima”. La idea de las organizaciones que los nuclean es seguir convocando a movilizarse –lo hacen todos los miércoles sobre el edificio Anexo de Diputados– “porque no podemos permitir que seamos la variable de ajuste del Gobierno”, dijo Rogelio.
Los jubilados están con bronca. El mismo Gobierno que los mandó a reprimir este miércoles es el que se niega a convalidar cualquier aumento en los haberes previsionales –el que estableció el Congreso sería de 18 mil pesos– y también avanzó en el último mes en el recorte de los medicamentos con descuento cubiertos por el PAMI, bajo el argumento de que ‘no hay plata’. La idea de la marcha fue no sólo oponerse al veto de Milei a la actualización de la fórmula, sino denunciar el vaciamiento de la ANSES y del sistema en su conjunto. Se congregaron desde las 15 frente al Congreso, para marchar más tarde hacia Plaza de Mayo, tal como habían definido las organizaciones en un plenario el sábado pasado. Pero la represión trastocó los planes.
Los palos y los gases de la policía empezaron antes incluso que la marcha. Hubo jubilados que fueron agredidos con el gas pimienta que ya fue utilizado por la Policía en marchas anteriores. Hubo bastonazos y empujones. “Nos dieron feo. Somos grandes, yo tengo 73 años, mi señora 72. A todo el mundo golpeaban, al primero que pasaba le pegaban”, contó Rodolfo, uno de los jubilados que participó de la manifestación. “La policía estaba custodiando el Congreso como si nosotros fuéramos a invadirlo”, describió su esposa Lucía. “Por la represión, tuvimos que venir antes a Plaza de Mayo, pero estamos presentes, que es lo principal”, agregó.
Para Marcos Wolman, vicepresidente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, no había ningún motivo para reprimir, y la decisión de hacerlo es parte del ataque contra los movimientos sociales y las organizaciones populares. “Estábamos hablando representantes de todas las organizaciones como hacemos todos los miércoles. Fue una provocación de la policía”, aseguró.
En la Rosada demostraron una vez más no tener pelos en la lengua a la hora de justificar la represión. “Si un jubilado, un estudiante, un empresario o cualquier otra persona corta la calle, sin importar su condición, la obligación es correrlo”, dicen. “Y si no se corre, lo tienen que correr por la fuerza”.
La oposición, en tanto, salió a cruzar al Gobierno. “De pegarle a un jubilado no se vuelve. Día lamentable en el Congreso”, dijo la diputada Cecilia Moreau. “Hubo una organización más grande de la habitual y hubo una clara decisión de la policía de tomar una actitud distinta a la que tiene todos los miércoles”, expresó por su parte el titular del bloque de UxP, Germán Martínez.
De la marcha del veto
Otro manifestante que estaba presente al momento de los disturbios fue Eduardo Martínez, del Plenario de Trabajadores Jubilados. “La cantidad de gente que había en Congreso era muy superior a la gente que habitualmente nos juntamos los miércoles. Parece que la gente de la Federal se puso nerviosa y en vez de tratar civilizadamente de que nos acomodemos, empezaron a pegar palos”, afirmó. “De todas maneras, no entramos en la provocación que ellos nos montaban, y la idea fue salir organizados, como habíamos pactado, ocupando los dos carriles por toda la Avenida de Mayo”.
Pese a la represión, para Wolman el saldo de la movilización fue positivo. “La marcha de hoy fue realmente un hecho muy importante. La represión no impidió que se haga”, planteó y evaluó que hubo “gran cantidad de gente en relación a todas las marchas que hemos hecho, con una presencia importante para mostrar nuestro rechazo al veto de esta ley, y a la política que se aplica desde el Gobierno”.
El dirigente contó que desde hace más de 30 años se reúnen todos los miércoles de 15 a 16 frente al anexo de la Cámara de Diputados para luchar por la dignidad de los abuelos. “Comenzamos estos miércoles de los jubilados en 1993, cuando salió la ley que privatizó el sistema y creó las AFJP (Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) durante el gobierno de Carlos Menem”, recordó. “Ya llevamos 1692 miércoles. Ahora le sumamos semaforazos en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos”.
La ley que Milei anunció que vetará representa una módica mejora de los haberes jubilatorios pero no resuelve el problema, planteó Wolman. “Lo que este gobierno a través del veto está planteando, es que no está dispuesto a un aumento que es de 18.450 pesos”, sostuvo y explicó que si a la jubilación mínima (hoy en 227 mil pesos) se le suman los 70 mil del bono y el leve aumento que esta ley estipula, “estaríamos hablando de aproximadamente 316 mil pesos, que sería el 35 por ciento de la Canasta Básica Total para un jubilado”.
Por otra parte, Wolman expresó su preocupación por el impacto que tendrá el recorte de los descuentos en los medicamentos que hasta el momento ofrecía el PAMI. “Los medicamentos están aumentando mucho más que los índices inflacionarios, según los datos estadísticos, inclusive los oficiales del INDEC”, apuntó. “Hay más de cinco millones de jubilados que reciben el haber mínimo y que van a dejar de adquirir estos medicamentos”.
Vía Página|12
