La Asociación de Médicos de Argentina (AMA) en Santa Cruz presentó una denuncia judicial contra la ministra de Salud provincial, Analía Constantini, por presunto incumplimiento de la ley que exige dedicación exclusiva a su función pública. Según la denuncia, la funcionaria habría atendido en una clínica privada de Río Gallegos en horario contrario a sus obligaciones como ministra.
Sandra Ayala, secretaria general de AMA Santa Cruz, fundamentó la denuncia citando textualmente la normativa violada:
“Se gestó la denuncia como corresponde, donde la doctora Constantini está haciendo irregularidades en cuanto a la Ley Orgánica de los Ministerios que es la Ley 3480, en el artículo 13 justamente está infringiendo en sus funciones. Al ser funcionaria pública la doctora, tiene que ejercer como ministra, como corresponde”, declaró Ayala.
La dirigente gremial precisó los horarios en que supuestamente la ministra ejercía en el sector privado:
“La doctora estaba atendiendo en Vitalmed en un consultorio privado, de 4 de la tarde a veces hasta las 21 y otras veces hasta las 12 de la noche. O sea que estamos sabiendo que tiene al menos 8 horas o a veces 6 horas de atención en privado cosa que su matrícula está limitada en este momento. No puede ejercer como ministra”, denunció en Radio News.
El conflicto se agrava porque, según la denuncia, Constantini percibe un plus salarial por dedicación exclusiva: “Tiene un sueldo de ministra, y un plus para no ejercer otras actividades, pero cobraba las consultas entre 15 mil a 20 mil pesos”, reveló Ayala, exigiendo que cumpla con dedicarse “full time” al cargo que le asignó el gobernador Claudio Vidal.
La clínica Vitalmed está vinculada al exministro Ariel Varela, actual secretario de Salud provincial y aliado del gobernador. La denuncia surge semanas después de que la propia Constantini acusara a médicos del Hospital de Pico Truncado de trabajar parcialmente para luego atender en sus provincias de origen, caso que cobró relevancia tras la muerte de una bebé por falta de atención médica.
La situación expone contradicciones en la aplicación de normas dentro del gobierno de Vidal, donde ahora una alta funcionaria es acusada de incurrir en prácticas similares a las que ella misma había denunciado.
