El bloque oficialista de la Cámara de Diputados de Santa Cruz vuelve a estar en el centro de la polémica por su desmanejo con esta situación. Este miércoles 12 de marzo, el vicegobernador Fabián Leguizamón presentó una nota que busca proteger al presidente del bloque de SER, Fernando Españón, quien enfrenta una investigación por abuso y violación. La maniobra es calificada como ilegal y contraría a la Constitución Provincial.
Los puntos que evidencian la irregularidad son los siguientes:
1. Los fueros son del cuerpo legislativo: Según la normativa, los fueros de un diputado solo pueden ser removidos con el voto de dos tercios de los miembros de la Cámara. No es posible renunciar a ellos de manera unilateral.
2. El desafuero implica suspensión: El artículo 97 de la Constitución Provincial establece que un diputado desaforado debe ser suspendido de sus funciones y solo podrá reincorporarse automáticamente si es sobreseído o absuelto. No puede continuar ejerciendo como diputado mientras esté desaforado.
3. Incompetencia del vicegobernador: Leguizamón no tiene la facultad de “declarar abstracto” el tratamiento de un oficio remitido por otro poder del Estado para su análisis.
4. Causal incorrecta: El caso de Españón se rige por el artículo 97 de la Constitución, no por el artículo 96, que aplica en casos de flagrancia, es decir, cuando se sorprende a alguien cometiendo un delito en el acto.
5. Derecho a la justicia de la víctima: La víctima del presunto abuso sexual tiene derecho a que se haga justicia, no solo en este caso, sino también en otros procesos judiciales que enfrenta Españón por delitos similares.
6. Incumplimiento constitucional: Una vez más, el vicegobernador Leguizamón y el gobernador Alicia Vidal han sido acusados de ignorar las instituciones y violar la Constitución Provincial en un intento por garantizar impunidad a un aliado político.
Esta situación genera un fuerte rechazo por parte de la oposición y organizaciones de derechos humanos, quienes exigen que se respete el proceso judicial y se garantice la justicia para la víctima. La maniobra del oficialismo es catalogada como un intento desesperado por proteger a Españón, lo que pone en evidencia una vez más el abuso de poder en la gestión de Claudio Vidal.
