¿Quiénes están detrás de los servicios de seguridad que reciben millones del Estado santacruceño?
En medio de las denuncias sobre presuntas tareas de vigilancia sobre opositores y personas vinculadas al gobierno de Claudio Vidal, aparece un nombre que comienza a repetirse en distintos ámbitos del entramado político y empresarial de Santa Cruz: Fernando Eugenio Grela.
Y junto a su nombre aparece una empresa que recibió importantes contratos del Estado provincial: Wall Security SRL.
La empresa se dedica a la prestación de servicios de seguridad y vigilancia y, entre sus clientes, aparecen CGC y el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz. En los últimos tiempos también aparecen contrataciones con organismos del Estado provincial, entre ellos el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo de Santa Cruz.
El propio registro de contrataciones directas por adjudicación simple muestra que Wall Security recibió distintos contratos para prestar servicios de seguridad y vigilancia. En junio de 2024 aparece una contratación por $72.775.054,19; en agosto, otra por $82.416.324,84; en septiembre, $8.248.518; en octubre, $85.488.162; y posteriormente otra por $90.601.850. En las contrataciones identificadas en ese documento, el monto acumulado supera los $339 millones.
Pero hay un dato que abre una pregunta todavía más importante.
Un documento oficial de la Policía de Santa Cruz, fechado el 9 de febrero de 2026, habilita a Wall Security para operar en toda la provincia como agencia de seguridad, dentro del rubro de “vigilancia y protección de bienes”. Y dentro de ese expediente aparece expresamente Fernando Eugenio Grela, coronel retirado del Ejército Argentino, habilitado para desempeñarse como Director Técnico de Wall Security.
El dato temporal es clave: las contrataciones de Wall Security que aparecen en el registro corresponden a 2024, mientras que la habilitación policial en la que Grela figura formalmente como Director Técnico está fechada en febrero de 2026.
Esto no permite afirmar por sí solo que las contrataciones hayan sido ilegales, pero sí plantea una pregunta que el Estado debería responder: ¿qué habilitación tenía Wall Security cuando recibió esos contratos en 2024 y quién figuraba entonces como responsable técnico de la empresa?
Porque no estamos hablando de un proveedor cualquiera. Estamos hablando de una empresa dedicada a la seguridad y vigilancia que recibió cientos de millones de pesos mediante contrataciones directas por adjudicación simple.
Y ahora aparece otro elemento que vuelve todavía más relevante el nombre de Grela. Su nombre también aparece relacionado con Santa Cruz Puede, dentro del entramado político y empresarial que viene siendo cuestionado públicamente. En una nota publicada por TiempoSur, Roxana Reyes apuntó contra Santa Cruz Puede y cuestionó su relación con recursos provenientes del Estado.
Por un lado, aparece Grela vinculado a ese espacio político. Por otro, un documento oficial de la Policía de Santa Cruz lo ubica como Director Técnico de Wall Security. Y esa misma empresa aparece recibiendo importantes contrataciones estatales por servicios de seguridad y vigilancia.
A esta investigación se incorpora además documentación oficial que permite reconstruir parte de esta historia. Adjuntamos copia de la habilitación policial de Wall Security, firmada por el Comisario General Luis Bordón; una planilla del Ministerio de Desarrollo de Santa Cruz que certifica la prestación del servicio; y una planilla correspondiente a las contrataciones por adjudicación simple, donde constan los pagos realizados a la empresa.
La documentación también permite poner bajo la lupa la modalidad utilizada para contratar estos servicios, ya que se recurrió a mecanismos de contratación que, por las características, el perfil del servicio y los montos involucrados, merecen ser revisados y explicados por las autoridades competentes.
Son datos que, puestos en una misma línea de tiempo, obligan a hacer preguntas. ¿Cuándo comenzó realmente la relación de Grela con Wall Security? ¿Qué función cumplía antes de febrero de 2026? ¿Quién era el responsable técnico cuando la empresa recibió las contrataciones de 2024? ¿Qué controles realizó el Estado antes de adjudicar esos servicios? ¿La empresa contaba con las habilitaciones correspondientes al momento de contratar con el Estado? ¿Por qué se utilizó esa modalidad de contratación para servicios de seguridad cuyos montos acumulados superan los $339 millones?
Y hay una pregunta todavía más sensible: si existen denuncias sobre tareas de vigilancia o seguimiento a opositores, ¿qué empresas o personas vinculadas al negocio de la seguridad podrían haber participado de esas tareas?
No alcanza con hablar de coincidencias. Hay documentos, contrataciones, montos millonarios, certificaciones de servicios y una habilitación policial que incorpora formalmente a Grela como Director Técnico de Wall Security.
Ahora corresponde determinar qué ocurrió antes, quiénes estaban detrás de la empresa, qué controles existieron y cómo se construyó su relación con el Estado provincial.
Porque cuando hablamos de seguridad, vigilancia y recursos públicos, las preguntas no pueden quedar sin respuesta.
¿QUIÉNES ESTÁN VIGILANDO A LOS SANTACRUCEÑOS CON DINERO DEL ESTADO?
Vía: El Diario Santa Cruz
