El gobernador Claudio Vidal a través de un decreto estableció que no se exigirá la inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado a las empresas que se presenten a licitaciones en el de la ley 3850 (Emergencia alimentaria y administrativa).
El titular del Poder Ejecutivo estableció estas modificaciones el pasado 21 de mayo, y se conoció recién este jueves por la publicación del decreto en el boletín oficial.
La disposición establece que “… se promoverá el estímulo a la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados lo que no impedirá que se establezcan los requisitos que deberán reunir los proponentes. No será exigida la inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado, sin perjuicio de que deban ponderarse los antecedentes que tuvieren los oferentes.
En el supuesto de adjudicación a una firma no inscripta en dicho registro, se instará a la misma a que inicie el procedimiento de inscripción en el plazo de siete (7) días hábiles a partir de su notificación. Si no se cumplimentare esta exigencia o no culminare el proceso de inscripción, la empresa quedará imposibilitada de presentarse en nuevos procesos de contratación en el marco de la Emergencia Administrativa y Alimentaria declarada por la Ley N° 3850”, indica el decreto 484.
Hace unas semanas atrás, una investigación iniciada por la Agencia OPI, reveló cómo empresas vinculadas al PRO y denunciadas por sobreprecios en Buenos Aires, han logrado ganar licitaciones sin ser proveedores del Estado santacruceño.
Se destaca que las firmas son Logistical SA, Equis15 SA, y Forain SA, que aparentemente llegaron a la provincia gracias a la articulación del encargado de compras del secretario de Estado de Economía Social, Alberto Parson, presidente del PRO Santa Cruz, durante la gestión de la ex ministra Jazmín Macchiavelli en el Ministerio de Desarrollo Social.
Vía Santa Cruz Noticias
