Daniel Aybar, actual juez de Faltas de la ciudad de Caleta Olivia, sostuvo que es un avasallamiento institucional con consecuencias gravísimas.
El Concejo Deliberante de Caleta Olivia tiene en el orden del día el proyecto de ordenanza 251/2024 del concejal Facundo Belarde, por el cual se busca limitar el mandato del juez de Faltas. El juez de ese juzgado, Daniel Aybar, expresó su preocupación en una entrevista con La Opinión Zona Norte, destacando que el proyecto es “controvertido” y que podría afectar la estabilidad de los jueces, una garantía esencial para el ejercicio independiente de sus funciones.
Aybar argumentó que la estabilidad judicial está respaldada por diversos principios constitucionales, que aseguran que los jueces actúen con autonomía y sin presiones externas. “Esto que quieren hacer se asemeja a un intento de disciplinar o domesticar a los jueces como si fuéramos súbditos de un monarca, algo que no debería tener cabida en un sistema democrático”, manifestó.
El contenido del proyecto estipula que el cargo de juez de Faltas duraría un período de tres años, con posibilidad de ser renovado por otros tres más, lo que contrasta con la normativa anterior que permitía la continuidad mientras se mantuviera una buena conducta. Según Aybar, esta modificación podría generar inestabilidad, ya que la posibilidad de ser removido cada tres años podría llevar a situaciones en las que los jueces actúen bajo el temor de perder su cargo, especialmente si sus decisiones no son del agrado del intendente o de otros poderes.
“Con este cambio, el intendente podría colocar a un amigo en el cargo de juez y la independencia se vería comprometida”, advirtió. El juez añadió que no se puede permitir que intereses políticos interfieran en la administración de justicia, señalando que en otros lugares se ha visto cómo los jueces de Faltas terminan siendo simples “secretarios” del gabinete municipal.
En su declaración a LOZN, Aybar también dio a conocer que su abogado, Ismael Machuca, está indignado con el proyecto y cuestiona la falta de conocimiento jurídico del concejal (Facundo Belarde) que lo impulsa. “Si esto se aprueba, vamos a tener que recurrir a la Justicia para que se evalúe su constitucionalidad“, anticipó.
Por último, el juez manifestó su preocupación sobre las implicancias que tendría este proyecto a largo plazo, sugiriendo que podría llevar a abusos de poder. “Imagínese una situación dentro de diez años en la que un intendente, que tiene como rival a un comerciante, utiliza al juez de Faltas para clausurar su negocio. ¿Qué garantías de imparcialidad tendría ese comerciante?”, se preguntó, enfatizando la gravedad institucional que conlleva la propuesta actualmente en discusión en el Concejo Deliberante.
El futuro de esta iniciativa y su impacto en la Justicia municipal está en manos de los concejales, “que espero comprendan la gravedad institucional que encierra si lo aprueban“, señaló finalmente el juez de Faltas. En principio se espera que, por ser un proyecto de ordenanza, el mismo pase a comisiones para su estudio y no que sea tratado directamente sobre tablas este jueves.
